En auxilio del vencedor

El director del IVF Manuel Illueca dedicó unos minutos de su inmerecido descanso veraniego a contraprogramar a un banco. Se enteró de que Bankia estaba presumiendo de ofibuses y sin encomendarse esta vez a la abogacía de la Generalidad, como cuando la quita al periódico de Ximo Puig, cogió el móvil. Se conectó a la red social en la que vierte lo primero que le viene a la boca, pecado de vanidad en el que afortunadamente no incurren los banqueros de verdad. Y anunció que para servicio bancario rural bueno el que va a montar el Consell. Una red de cajeros automáticos autonómicos que para sí quisiera JPMorgan. Pero que también reivindica como propia la directora de la Agenda Valenciana Antidespoblament, Jeanette Segarra. Y que, en cualquier caso, competirá con los ofibuses que patrocina la Diputación de Castellón desde 2014. Por lo que se la podría calificar de competencia desleal si no fuera simplemente mema. Mema porque en un país donde estar en posesión de una cuenta bancaria es imprescindible si no obligatorio; donde la reestructuración del sistema financiero le ha supuesto al Estado unas pérdidas momentáneas de 64.349 millones y donde buena parte del repliegue bancario se está practicando con cargo a la Seguridad Social, la Administración está más que facultada para conminar a estas entidades a no desasistir totalmente a sus clientes. Lo admitió la Asociación Española de Banca (AEB) antes de descubrir lo desprendidas que son las autoridades a la hora de quedar bien con el dinero ajeno. Y lo debería haber ordenado la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia si no se dedicara por lo general a exonerar a las grandes firmas de sus obligaciones ante la sociedad. Verbigracia, la de mantener teléfonos públicos y por tanto líneas en esos mismos pueblos que también se han quedado sin sucursales. Para lo que no está facultada la administración autonómica es para dedicarse a la banca minorista y competir con la administración provincial en ver cuál de las dos se echa a la espalda a más segmentos del mercado financiero que han dejado de interesar a los bancos comerciales por su dispersión. Combatir la exclusión financiera para facilitar la vida a los habitantes de nuestros languidecientes pueblos de montaña puede parecer una medida social plausible si no se contempla como lo que es: una decisión pusilánime que, para variar, hará recaer sobre los contribuyentes la factura que única y exclusivamente debería asumir la antes mencionada AEB, el Fondo de Garantía de Depósitos y/o los desertores de este arado. Pero estos matasiete de boquilla que nos gobiernan todo lo arreglan igual. Tirando de chequera ajena. Y embarcándose en una aventura que no puede salir bien. En principio, porque si no le salía a cuenta al Popular tanto menos le saldrá al Consell, que no crea servicios sino comederos. Y después porque ni siquiera se ponen de acuerdo en las fechas. Segarra habla de ya; Illueca, de sacarlos a concurso en enero.