Benavent, el confeso más castigado

Benavent. Marcos Benavent ha sido el principal artífice del caso Imelsa. Sus grabaciones con micrófono oculto pero, sin duda, su confesión en el juzgado han sido clave para cimentar las diferentes investigaciones judiciales. Esto resulta innegable. Asunto diferente es la operación publicitaria con el nacimiento de un personaje, bautizado como el yonki del dinero, que le sirvió en su momento -quizá menos ahora- para ganarse cierta condescendencia mediática e incluso cariño popular. Y todo pese a que, en ocasiones, no debemos olvidar que es uno de los principales delincuentes en la trama. Se exige en supuestos como este, un análisis de trazo fino, finísimo, sobre el personaje. Desde hace mucho, no quedan héroes sobre el tablero de Imelsa. Llegados a este punto, ¿le ha compensado a Benavent su colaboración con la Justicia? Pues a la vista de la primera calificación rotundamente no. No sólo es que le piden ocho años de cárcel sino que es el mayor castigo de todos los acusados. Benavent confiere a su confesión un tamiz trascendental, como la consecuencia lógica de ese viaje interior que le hizo bajarse de un Porsche y sentirse próximo al 15M. Formidable historia para una película tierna de sobremesa. Pero esto es la vida real. Si buscamos terminar con redes corruptas habrá que incentivar, de alguna forma, estas confesiones. No parece que recibir el mayor castigo sea un aliciente para exponerse en la plaza pública. También resultaría ahora difícil para Benavent desandar el camino. Es difícil una marcha atrás. De igual modo, lo acontecido, probaría que Anticorrupción no se casa con nadie. El letrado de Benavent guarda silencio. Habrá que ver el desenlace del resto de piezas. La última lleva letra K; aún queda abecedario. Pero quizá Benavent, su familia y/o a su abogado -puede que incluso todos a la vez y con idéntica intensidad- hayan leído con decepción ese primer escrito del fiscal. Lo extraño sería lo contrario.

PP y Alquería. La acusación del Partido Popular por las contrataciones irregulares de directivos en Divalterra -reclaman 18 años de prisión al expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez como cabecilla- lleva a pensar más en una calificación de cara a la galería, en la búsqueda del mayor impacto mediático. Colaboradores cercanos a Rodríguez sostienen que es un intento para esconder la propia corrupción de los populares. Algo que, por otra parte, no se sostiene. Pero sí parece desproporcionado pedir semejante castigo al introducir el delito de organización criminal, algo que resultará complicadísimo de probar en un asunto que carece de una continuidad delictiva o vocación de permanencia de los acusados. No suele ser la Fiscalía partidaria de este tipo de ejercicios. La otra acusación, la de Acción Cívica, parece algo más ajustada. Reclaman a Rodríguez diez años de cárcel. A veces hablamos de este tipo de penas sin tener en cuenta la dureza de una etapa en la penitenciaría.

La búsqueda del dinero. La jueza sustituta que ha asumido la investigación de la causa de Imelsa carga con algunas consecuencias de la parálisis que durante años se ha asentado en el juzgado. Buena prueba de ello es la resolución que se ha adoptado esta semana para la búsqueda de patrimonio en el extranjero de Alfonso Rus y Máximo Caturla, entre otros. Si cinco años después de explotar la operación policial, todavía les encuentran algo, diría poco de la pericia de quienes supuestamente estaban al frente de la mayor organización criminal de la Comunitat.