EL BOTÀNIC SE ENREDA EN LOS TRIBUNALES

Entonces, ¿cuánto cuesta ahora la ITV? Con esa pregunta, un compañero de la redacción resumía hace unos días la incertidumbre existente en torno al servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que en la Comunitat Valenciana está a cargo de siete empresas privadas. Al menos, hasta el 31 de diciembre de 2022, cuando expira la concesión vigente y los socios del Botànic pretenden (re)tomar las riendas de ese servicio público.

Una de ellas ganó la batalla judicial al Gobierno valenciano a cuenta de la bajada de tarifas que aprobó el Consell de Alberto Fabra en 2014. Por falta de justificación de la medida, los tribunales anularon el abaratamiento de la factura que pagan los conductores valencianos para verificar que su vehículo es apto para circular. Esa decisión judicial, que es firme desde mediados de 2018, no se trasladó al bolsillo de los usuarios hasta un año después, cuando la conselleria que dirige Rafael Climent, de Compromís, publicó la sentencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Como no adjuntó un nuevo cuadro de precios, se recuperaron los que existían antes de la bajada anulada por la justicia y, de un día para otro, la ITV se encareció unos diez euros para los vehículos diésel y siete para los de gasolina, al mismo nivel que en 2013.

Ese cambio de tarifas (al alza) duró apenas una semana, lo que tardó el pleno del Consell en dar luz verde a otra bajada, casi idéntica, llamada a «cerrar definitivamente un problema que se venía arrastrando desde la anterior legislatura», en palabras de la entonces secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín, hoy a cargo de la de Comunicación.

En la práctica, no obstante, la calma no ha durado ni un año porque la justicia ha vuelto a tumbar esas tarifas, con un serio tirón de orejas a los socios del Botànic por eludir el cumplimiento de la sentencia anterior.

La Generalitat aún no sabe si recurrirá ese fallo, en el que se le acusa de ser «consciente durante un año de que estaban aplicando unas tarifas que eran contrarias a derecho», a pesar de que, para evitarlo, solo tenía que publicar otras en el DOGV. Y mientras se decide hasta dónde se alarga el nuevo frente judicial, los precios anulados siguen vigentes y aumenta el contador de la reclamación patrimonial de las concesionarias de la ITV por lo dejado de ganar a causa de esas decisiones políticas, que supera ya los noventa millones de euros. Lo de preparar la reversión a la gestión pública, casi mejor para otro día.

Y es que, en este Botànic 2, se le acumula la faena a la Abogacía de la Generalitat, que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia favorable a Puerto Mediterráneo, el proyecto antes estratégico y rechazado, al cabo de cuatro años de trámites e informes favorables, tras convertirse en el paradigma del modelo que rechaza Compromís. ¿Acabará igual la ampliación del Puerto?