Caruana, otra víctima de la justicia

Nos sobran los ejemplos. La verdad es que el personaje, Luis Caruana, daba para montar una buena historia alrededor de un supuesto trato de favor en el Instituto Valenciano de Restauración y Conservación (Ivacor). Un hombre conocido en la sociedad valenciana, prestigioso auditor y, además, coleccionista de libros. Si a esa atmósfera cultural -o elitista, para algunos- le añadimos un poco de sal y pimienta con los vínculos familiares, primo hermano del exgobernador del Banco de España Jaime Caruana e hijo del gobernador militar de Valencia durante el Golpe de Estado de 1981, y lo emplatamos en un contexto de corrupción generalizada de un PP a la deriva, pues queda un principal que, en apariencia, te lo sirven en los mejores gastronómicos. Pero todos estos ingredientes se han ido pudriendo a lo largo de dos años de investigación judicial en los que Caruana ha estado bajo la sospecha por supuestamente ahorrarse un dinero en la restauración de varias piezas de su colección. Este fue el objeto principal de la denuncia que la Confederación General del Trabajo (CGT) llevó a la fiscalía y de allí, directamente, al juzgado. La instrucción ha descartado esta tesis hasta el punto de que el juez ha dictado un sobreseimiento libre, que de ser firme, equivaldrá al de una sentencia absolutoria. Lo sorprendente de alguna de las imputaciones iniciales de los denunciantes es que no se aporta ningún indicio de las graves irregularidades. En algún caso, las afirmaciones se sostienen con un «me han dicho que» o «oyó una conversación en la que...» De ahí la importancia de ser especialmente cauteloso con las denuncias que llegan a la Fiscalía desde partidos políticos o sindicatos. No se trata de que no puedan denunciar -algunas con éxito- sino de ser conscientes de los siempre particulares intereses que rodean a estas organizaciones. Ejemplos recientes de esos fracasos se aprecian en otros casos de supuesta corrupción que quedaron finalmente en nada. Las mismas cautelas que hay que tomar con Compromís o el PSPV valen para el resto de formaciones. Se cierra pues un capítulo desagradable para Caruana, el último que ha vivido en su propia piel la crudeza de la Justicia. Y todo el coste personal al margen, claro está, del económico. Idéntico mensaje vale para Carmen Pérez, una profesional que había visto empañada una trayectoria notable por una denuncia generada, al parecer, de conflictos laborales.

Caso Emarsa. En la Comunitat, hasta la fecha ha habido tres grandes casos de corrupción: Cooperación, Gürtel y Emarsa. Por dinero malversado, el más importante es el desfalco en la depuradora, más de 20 millones de euros volaron de la depuradora de Pinedo en un fraude, sobre el papel, perfectamente diseñado. Esta semana, tres de los artífices de aquella trama volvían a sentarse en el banquillo de los acusados por la trama fiscal, el fraude del IVA. «Era mi comisión», confesó Roca Samper, el facturero de la red. Su testimonio de colaboración con la Justicia estuvo trufado de ironía e incluso cierta soberbia. «Esto es de Barrio Sésamo», insistía. Le cortó la magistrada en una ocasión. Pero pudo hacerlo en numerosas respuestas que dio. Sólo falta que alguien que reconoce que delinquió se comporte de esa forma en sala. Esteban Cuesta, el que fuera gerente, parece ya derrotado, lejos queda aquel aire chulesco que gastaba al inicio de la causa hace ahora unos ocho años. El tiempo termina agotando. Ahora todos aguardan su ingreso en prisión. Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises, insistió a la jueza en la misma versión que lleva ofreciendo años. Que él no sabía nada. Casi un lema de los asuntos de corrupción.