Certificado Covid: lo que puede y lo que no puede ser

Que la libertad sea uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico -como señala la Constitución española en su artículo primero- implica, entre otras ... cosas, que las normas que limiten los derechos deban interpretarse siempre de la manera más restrictiva, extenderse por el menor tiempo y proyectarse sobre el menor número de personas posibles. Y que la igualdad figure justo a su lado como otro de esos valores superiores, implica no solo que el Derecho deba tratar de manera igual situaciones iguales, sino también dar un tratamiento diferente a ciudadanos que se hallen en situaciones asimismo diferentes. Dos apreciaciones de las que a día de hoy, cuando España ha superado ya la barrera del 50% de sus ciudadanos vacunados con pauta completa, el Gobierno Sánchez todavía no ha sido capaz de extraer conclusión alguna. Con la consecuencia de que a día de hoy esa mitad larga de los españoles que se hallan inmunizados contra el coronavirus siguen sometidos exactamente a las mismas restricciones -uso de mascarilla, distancia social, toques de queda, confinamientos, limitaciones de aforo...- que se les aplican a esa otra mitad que aun son susceptibles de padecerlo. Pese a que sus respectivas situaciones sean diferentes desde el punto de vista epidemiológico, y a que utilidad práctica de esas medidas sea, en el caso los inmunizados, cercana a cero. Pero dos apreciaciones que, ahora que el Gobierno parece dispuesto a sacudirse la modorra y abordar de una vez por todas la introducción en España el llamado certificado Covid, deberían venir de la mano de otras no menos relevantes llamadas a recordar al ejecutivo que en España la vacunación no solo no es obligatoria, sino que ni siquiera es voluntaria -no se vacuna quien quiere, sino quien le toca- de modo que no es posible convertirla en el único salvoconducto para el disfrute de ciertos derechos; que la vacunación tampoco es el único método para evitar la diseminación del corononavirus, de modo que deben seguirse permitiendo el uso y la acreditación de otros métodos alternativos de contención; que el derecho a la salud no puede terminar con el derecho a la intimidad, de modo que la implantación del certificado Covid no debería conducir a la creación de dos macrobases de datos -una de españoles inmunizados, otra de españoles por inmunizar- de incalculables consecuencias, ni menos aun quedar en manos de listos que so pena de comprobar si estamos inmunizados, acaben anotándose cuál es nuestra marca favorita de ginebra. Y, sobre todo, que el objeto del certificado Covid debe ser simplificar la vida del inmunizado, no complicar más la del que aún no lo está.