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La sombra de las estrellas de la música suele escribirse sobre extravagantes leyendas urbanas, a veces, con algo de realidad. Los ochenta fueron los años de la cúspide del éxito para una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, Van Halen. Uno ... de sus caprichos antes de iniciar un concierto era el de que debía de haber, siempre, un recipiente con gran cantidad de chocolatinas de la marca M&M. El deseo parecía sencillo de cumplir por parte de los organizadores, en cada una de las ciudades a las que iban de gira, si no fuera porque se exigía que ninguno de estos caramelos fuese marrón. La premisa obligaba a que alguien manualmente se dedicara a revisarlos uno a uno. En caso de que, antes de actuar, algún miembro del grupo detectara uno solo de ese color en el 'backstage', inmediatamente, se cancelaría el espectáculo. Este proceder no era una mera superstición. Se trataba de una de las condiciones que exigían en la letra pequeña de sus contratos. Estaba estipulada en el artículo 126. Hace años confesaron públicamente que esa petición tan insólita, oculta entre páginas y páginas de condiciones, les permitía saber si los empresarios con los que firmaban los acuerdos comerciales se habían mirado hasta la más mínima coma. De manera que, y esto era lo más importante para Van Halen, si se cumplía con la advertencia de los M&M (eliminando los marrones) también habrían hecho lo propio en lo referente a los exigentes protocolos técnicos de montaje para evitar riesgos, garantizando así la seguridad del público. Aquella legendaria cláusula Van Halen alertaba de que cualquier detalle que se haya pasado por alto solo puede acarrear problemas.
En el proceso que se siguió hasta que a finales de agosto, 205 diputados -únicamente PP y Vox votaron en contra- del Congreso dieron luz verde a la conocida ley del solo 'sí es sí', hubo un largo periplo que incluía decenas de informes que, presumiblemente, el Gobierno se debía leer. La lista es larga. Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial,... algunos advertían de fallos y defectos en la norma de Irene Montero. Una ley, como tantas otras, sin cláusula Van Halen. Un compromiso serio con la verificación obligatoria de la documentación por parte de todos aquellos que han permitido su puesta en marcha podría haber evitado la brecha abierta por las rebajas en las penas a los agresores sexuales.
Tras acusar de machistas a los jueces así en general, la ministra de Igualdad y el Ejecutivo del que forma parte han decidido esperar a que en el Supremo o la Fiscalía General del Estado unifiquen «criterios». Ayer, hizo lo propio el Ministerio Público saliendo al rescate. Porque, «¿la Fiscalía de quién depende?».
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