La consecuencia de la inseguridad

Un total de 38.302 infracciones penales hasta septiembre inclusive, una cifra similar a la de 2019, 38.559 casos entonces, aunque con dos diferencias enormes. Valencia registró este año varios confinamientos territoriales algunos fines de semana y, sobre todo, un toque de queda hasta hace cuatro días.

Pese a esas circunstancias, la estadística no ha bajado más que de manera residual, con una tendencia claramente al alza tras la caída lógica de 2020. Todavía queda por analizar el último trimestre para ver si se ratifica como el peor año en la ciudad desde que gobiernan en coalición Compromís y el PSPV. En el mismo periodo de 2016, primer año completo del alcalde Joan Ribó, se registraron 4.000 delitos menos, con 34.319 infracciones penales.

Esos son los datos, al margen de cualquier tipo de interpretación. En el otro lado de la balanza se sitúa la Policía Nacional y la Policía Local, mientras que en el centro se encuentran los sufridos vecinos. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana, la primera responsabilidad corresponde a la Delegación del Gobierno, aunque las consecuencias políticas las pagan los responsables municipales. Pocos de los que salen en Orriols o la Malvarrosa pancarta en mano a la calle porque están hartos de la degradación de sus barrios saben quien es Gloria Calero.

Y si al caldo se le añade la disminución de la plantilla de la Policía Local respecto a 2015, con una plantilla ocupada entonces de 1.659 funcionarios y una previsión de 1.463 el próximo año a la espera de que se incorporen los 234 nuevos agentes, se entiende el cabreo del personal. Es decir, que seis o siete años después estaremos igual mientras que el conjunto de la plantilla del Ayuntamiento ha subido en mil personas.

Con lo que es lógico que el jefe de la Policía Local diga el día de la festividad del Cuerpo que Valencia debe llegar sí o sí a dos mil agentes para parecernos en algo a ciudades de nuestro nivel en Europa. Un discurso que no es nuevo, dado que dijo exactamente lo mismo en 2017, por ejemplo, la acuciante necesidad de más agentes para hacer frente al aumento de servicios. La contestación del alcalde Joan Ribó fue la misma entonces que ahora, por cierto, que habría una subida pero teniendo en cuenta las necesidades de otras concejalías.

Esto es debido a que a la ecuación de delitos, falta de policías y mosqueo de los vecinos hay que añadirle otro componente, una salsa decisiva para la receta como es la complicada relación entre Compromís y el PSPV en el Ayuntamiento.

Algún grupo de la oposición, Ciudadanos creo recordar, ha hecho algún año el ejercicio de analizar el peso de las concejalías en el presupuesto en función del partido a la que pertenezcan. El resultado es que la suma de los incrementos ha sido muy parecida. Ningún partido gana por demasiada ventaja, aunque está claro que los que pierden son los vecinos.

Si algo hemos aprendido es que la gente ha salido de la pandemia más pobre y más rebotada, léase esto último por los problemas de botellón que han surgido como setas en la ciudad. ¿Por qué no se aprueban ya las bases para las siguientes oposiciones en la Policía Local? Medio centenar de incorporaciones más las jubilaciones, un parche para hacer frente al aumento de delitos, aunque menos es nada.