Contra la Constitución

Qué pasaría si Pedro Sánchez se negase en 2023 a convocar elecciones alegando que no está de acuerdo con los programas políticos del resto de partidos o que no le satisface el sistema imperante para escoger al presidente del Gobierno? Parece descabellado, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta que el Partido Popular ha hecho algo semejante en lo que se refiere a la renovación del Tribunal Constitucional, bloqueada desde que comenzó la legislatura.

El principal grupo de la oposición argumentaba en un principio que no llegaría a un acuerdo hasta que el PSOE no rompiese sus alianzas en el Congreso. Vamos, que le daba igual lo que la Constitución marcase, que él tenía su propia hoja de ruta. Más adelante el PP, con Casado todavía, reclamó también que se cambiase el sistema de elección, obviando lo que dice al respecto el ordenamiento jurídico español: cuatro miembros se elegirán a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos; otros cuatro serán responsabilidad del Senado, con idéntica mayoría; dos los señalará el Gobierno, y otros dos el Consejo General del Poder Judicial. Con Feijó al frente prosigue el bloqueo. A todas las peticiones anteriores se añade ahora la supresión de las modificaciones de los delitos de sedición y malversación. No va a pasar, pero apuesto a que si el PSOE accediese a todas estas solicitudes pedirían otras nuevas, porque lo que no quiere el PP es pactar. Y detrás de esta determinación se adivina que no le conviene perder la mayoría conservadora en el alto tribunal.

El Consejo General del Poder Judicial lleva en funciones cuatro años. Debió renovarse en diciembre de 2018. De este organismo depende asimismo la renovación del Tribunal Constitucional que tendría que haber ocurrido hace 6 meses

¿Qué pasaría si tras los resultados de los próximos comicios -si es que Sánchez los convoca- algún diputado decidiese no abandonar su escaño y seguir ocupándolo pese a haber caducado su mandato? ¿Por qué se ha de acatar la Constitución en unas ocasiones y en otras no?

Lo que está sucediendo en torno al Tribunal Constitucional sienta un precedente peligroso. No es la primera vez que el PP retrasa la negociación de los componentes que conforman este órgano. Aznar tardó ocho meses en aceptar una propuesta. Rajoy, dos años. Lo de los actuales dirigentes del PP demuestra que todo puede ir a más.

Pero, ¿hasta dónde vamos a llegar? Aquí no se trata de ideologías, ni de votar en azul o en rojo, sino de abrir brechas en un sistema que se ha mantenido durante 40 años y que ahora uno de los partidos mayoritarios de este país ha decidido saltarse de manera unilateral. Las consecuencias pueden ser terribles. Por no hablar del descrédito generalizado en la justicia que esto está provocando.