La construcción puede ser el salvavidas

Los contratistas -como empresarios e impulsores de la economía y el empleo- pensamos en el día después. Nuestro sector está siendo uno de los más afectados por la paralización tras el estado de alarma: el mes de marzo ya se había perdido casi 40.000 trabajadores (unos 3.950 en la Comunitat) por cuenta ajena en la afiliación de la Seguridad Social e incrementado su desempleo en un 22'9%, hasta los 319.500 parados. En la Comunitat el número de parados se había incrementado a unos 32.000 trabajadores, de los cuales hasta un 35% correspondían a pymes y trabajadores autónomos.

Los ERTE, en caso de proseguir la Orden SND/340/2020 del 12 de abril que prohíbe toda clase de obras en edificios existentes (rehabilitación de fachadas cubiertas, mejora de accesibilidad, locales de negocio, etc.) y de seguir paralizada la Administración en sus órganos de contratación electrónica, se convertirán en despidos definitivos.

Por ello, ante el grave deterioro que se está produciendo en el tejido empresarial y laboral del sector de la construcción, desde la declaración del estado de alarma solicitamos urgentemente al Gobierno de España la derogación o reforma de la disposición adicional tercera del RDL 463/2020 por el que se procedía a la suspensión de los plazos procedimientos de las licitaciones en curso y que la Abogacía del Estado hizo extensiva a toda la suspensión de todos los expedientes.

Este efecto pernicioso para el sector de la construcción pública supone un retraso irrecuperable de las licitaciones en curso, presentación de plicas, valoración de ofertas presentadas, adjudicaciones de obras, incluso valoradas por los órganos ministeriales, autonómicos o locales, y firma de contratos. Es más, igualmente paraliza la tramitación de modificados, obras complementarias y liquidaciones de obra.

Ello supone una más lenta recuperación de un sector cuyo motor está gripado por la crisis y necesita una inyección de combustible y una intervención experta de un mecánico (la Administración pública). Máxime cuando, tras la agricultura, somos el sector que más intensivamente empleamos mano de obra -22 empleos directos e indirectos más otros 7 inducidos por cada millón de euros de inversión- y devuelve al erario público en impuestos, tasas, IRPF, IVA... Hasta un 48% del dinero invertido.

Tras la caída estrepitosa del turismo, ¿qué sector que no sea la construcción puede reducir la gran bolsa del paro?

Es igualmente necesario y urgente un plan que implemente la publicación de nuevas licitaciones, extensivo a las administraciones estatal, autonómica y local, en aquellas infraestructuras de servicios públicos para relanzar la actividad del sector y tengamos así -tras la crisis sanitaria del Covid-19- obras vivas ya para el segundo semestre del 2020.

También pedimos que finalmente se utilicen los fondos del superávit de los ayuntamientos para la finalización de la ejecución de nuevas infraestructuras y obras públicas municipales.

Todo ello con una aceleración de licencias urbanísticas y dando prioridad a las 'declaraciones responsables' que evidentemente serán vigiladas a posterioridad en cumplimiento de la normativa.

Solo con estas medidas, aparte de algunas otras, puede evitar España y la Comunidad Valenciana caer en la escalofriante cifra de paro, vaticinada por el FMI, próxima al 21%. Los 346.700 parados con que cerró la Comunidad Valenciana el 2019 puedan llegar a los 600.000 a finales de 2020 y principios de 2021.

Este nivel de paro sería inasumible económica y socialmente. ¡El salvavidas puede ser la construcción!