UPN y la contradicción constitucional

El partido regionalista navarro nació para constituirse como un dique de contención a las ansias expansionistas del nacionalismo aranista y, por lo tanto, para mantener a Navarra foral y española. Objetivo que ha conseguido, a fuer de sacrificar la vida de algunos de sus miembros, hasta el generalizado derrumbe social del constitucionalismo impulsado por el zapaterismo. UPN ha tenido que convivir durante más de cuarenta años con la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución -por cierto, ¿cuánto dura la transitoriedad de una disposición transitoria que entró en vigor hace casi medio siglo?-, esa bomba de acción retardada que establece un mecanismo legal para la incorporación de Navarra a la onírica «Euskal Herria» como su cuarta provincia y que los padres de la Carta Magna introdujeron para intentar apaciguar a los del tiro en la nuca y a los recolectores de las nueces bañadas en la sangre y en la masa encefálica de miles de españoles. Un precepto que paradójicamente sirvió para fortalecer y justificar los anhelos soberanistas vascos dentro de un texto constitucional que impide el desgajamiento de ninguna de nuestras regiones. Soplar y sorber al mismo tiempo.

Y es que los separatismos han podido prosperar bajo este orden constitucional que padece una contradicción intrínseca desde su nacimiento y, sobre todo, por su desarrollo posterior. Así, el catalanismo valenciano ha podido extenderse sin freno aupado por el erario público en un contexto jurídico que prohíbe expresamente la federación de comunidades autónomas, es decir, los países catalanes. Resultado, una frustración bidireccional.