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Pere Fuset no dimite de su cargo de concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia pese a que va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Su compañero de Compromís, el alcalde Joan Ribó, ha salido en su defensa al asegurar que no se trata de un caso de corrupción. Al parecer, el hecho de que aquello por lo que se le acusa tuviera como desgraciado resultado la muerte de un operario que montaba las gradas para los conciertos de Viveros es de menor entidad y gravedad que el enriquecimiento ilegal que pueda lograr una autoridad pública en el ejercicio de su cargo. No se le acusaba al exconcejal de Urbanismo de Valencia Jorge Bellver, del PP, de meterse dinero en los bolsillos cuando fue juzgado por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y, alternativamente, del delito de prevaricación administrativa, y sin embargo a la oposición le faltó tiempo para reclamar su dimisión. La fiscalía lo acusaba porque, supuestamente, no había pedido un informe preceptivo para poder construir un aparcamiento subterráneo junto a los jardines de Monforte, que gozan de protección monumental. No olvidemos, además, que la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia lo absolvió, a él y a los otros cuatro acusados. ¿Quién fija entonces cuándo se trata de un caso de corrupción que exige la cabeza del implicado y cuándo no lo es? Los propios interesados, que ahora mismo son los dirigentes de Compromís. Y su criterio fija siempre, invariablemente, que la corrupción fetén es la de antes, la del PP, sin matices, lo mismo da los casos de Rafael Blasco (juzgado, condenado en un proceso y autor confeso de desviar ayudas de la Generalitat al tercer mundo a su patrimonio personal) que el de Jorge Bellver. Obviar los procedimientos administrativos que están perfectamente tasados, saltarse los informes de los técnicos, trocear contratos para no tener que sacarlos a concurso público y poder adjudicarlos directamente, todo esto que es ahora mismo el pan nuestro de cada día no es para Compromís corrupción. No lo es, claro, porque lo hacen ellos, que cuando lo hacía el PP sí que lo era. Son las ventajas de la superioridad moral, de ese estatus que se atribuyen a sí mismos y que confiere una patente de corso para hacer lo que les venga en gana sin que nadie se lo pueda echar en cara. El listón que pusieran mientras eran oposición y que obligaba a dimitir a los políticos del PP que fueran simplemente imputados -mucho antes por tanto de que el juez decida si abre o no juicio oral- no es el mismo que ahora se aplican, en una nueva edición del clásico consejos vendo y para mí no tengo. La hipocresía elevada a su máxima potencia. Una corrupción moral sin condena popular. De momento.
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