El cortocircuito de la Gestión

Publicado en la edición impresa del 17 de septiembre de 2017.

Con el fatídico incendio en la Ciudad de la Justicia hemos podido recordar que Gabriela Bravo es nada menos que consellera de «Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas». Un nombre que no cabe en la tarjeta de visita y al que le falta, no obstante, rematar con aquello de «y de los grandes expresos europeos». O sea, la coña con la que Agustín de Foxá empañó la proclamación de Franco como jefe nacional de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista... y de los grandes expresos europeos. Una conselleria de nombre tan interminable y pomposo ya aventura un desempeño corto, aunque de esto no tiene culpa Gabriela Bravo, sino el sector cursi del bitripartito que nominó los departamentos del Consell inspirado por Espronceda (perdón) o Ausiàs March, por la venturosa primavera de 2015 y por la poesía botánica antes que por atender, digamos, el sencillo mecanismo de alarmas de los juzgados. Para que un simple cortocircuito no paralice casi por completo la administración judicial, uno de los principales servicios públicos y el garante de los derechos ciudadanos. Cuando se gobierna tocando el arpa de los buenos propósitos, y poniendo en verso el «renacimiento valenciano», se pueden disparar las listas de espera de la sanidad o se hace imposible erradicar los malditos barracones escolares. Así se explica una parte no pequeña de la errática gestión de la Generalitat. En los consellers que, aparte de sus responsabilidades concretas, lastran eso de creerse además capitanes de los grandes expresos europeos, empezando por la mismísima Mónica Oltra.

Por las explicaciones de Bravo conocemos las características del hollín provocado por el fuego, la contratación de un equipo de limpiadores e incluso de especialistas en cristales, la compra de aspiradoras en seco y hasta que se han sellado los conductos del aire acondicionado. Sabemos un montón de detalles minuciosos que por supuesto no sirven para ocultar que una semana después del accidente seguimos desconociendo todo lo esencial. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el origen? ¿Qué falló? ¿Por qué no funcionó adecuadamente el sistema de alarmas? ¿Cómo no pudo acotarse el alcance del fuego? ¿Fue inevitable el caos posterior, la desorganización, los desencuentros y la descoordinación entre la administración y el TSJ? ¿Pudieron los servicios operativos reaccionar de una manera más eficaz o diligente? ¿Cabe alguna responsabilidad política, tanto en la prevención del incidente como en la ejecutoria posterior? No sabemos nada de nada. Salvo las gravísimas consecuencias. Un millar de juicios suspendidos, infinidad de comparecencias y actos jurídicos retrasados, una semana clausurada la Ciudad de la Justicia y otra más que le espera a buena parte de los juzgados y una desinformación oceánica entre los usuarios y los profesionales; con episodios bien descriptivos, como cuando la conselleria mandó a los funcionarios a ocupar sus puestos de trabajo mientras la Guardia Civil impedía el acceso, evidenciándose el descontrol y la disparidad de criterios reinante.

Si esto pasa en los tiempos de Serafín Castellano arde Troya y sobre todo arden las cortes valencianas, donde el asunto de momento no ha merecido la atención debida. Parece clara la baja visibilidad política que el Consell ha tratado de imponer. Pero que Castellano o sus antecesores no se relajen, antes o después serán señalados como responsables de los fallos de seguridad del edificio, que para eso se construyó durante los mandatos del PP. Como si los actuales rectores de la vida valenciana acabaran de llegar al cargo, como si no estuviéramos ya de hecho a punto de afrontar la recta final de la legislatura y como si no fuera de ellos la responsabilidad de activar un plan alternativo ante cualquier emergencia. De hecho, no ha faltado algún cronista de la conspiración que por una televisión se ha atrevido a señalar que esto es en el fondo una maniobra «para destruir pruebas» sobre la corrupción pepera, ignorante de que esos procesos se llevan fuera de esos juzgados.

El cierre de la Ciudad de la Justicia parece evidenciar el fin del romance entre la cúpula judicial y las fuerzas de la izquierda gobernante, pese al cuidado que siempre han puesto Gabriela Bravo y Pilar de la Oliva en mantener una relación estrechamente cordial. El percance ha distanciado ambos poderes de una forma gráfica. Tras las tensiones de esta semana y las visitas por separado al siniestro, tras el señalamiento cruzado de responsabilidades, el TSJ ha exigido a la administración autonómica que le dirija por escrito cualquier comunicación relativa al caso. La crisis ha confirmado las quejas recurrentes del juez decano a cuenta de las deficiencias de medios y la escasez de recursos. Se puede decir con propiedad que Pedro Viguer echa humo estos días. Las aguas se enturbiaron hace dos meses cuando Oltra en primer lugar, y no pocos jerifaltes de Compromís detrás, acusaron a los jueces de partidismo, de hacer política, de ser unos emboscados de la derecha, tras los autos del TSJ paralizando el sectario plan educativo del conseller Marzà. Unas meras órdenes preventivas que sólo perseguían garantizar que no se vulneraban los derechos de buena parte del alumnado.

Más que en la justicia es en la educación y en la sanidad donde se advierte la insensibilidad hacia la gestión concreta que mejora la calidad de vida de la gente. Allí se dan los cortocircuitos más relevantes. Mientras Carmen Montón pelea para revertir a lo público los hospitales concertados, se le disparan las listas de espera. Incrédula, primero pretende quedarse quieta, luego anuncia operaciones por las tardes y los fines de semana; justo lo que los hospitales concertados hacen desde tiempo inmemorial. Y Marzà, el ambicioso, ve fracasado su propio plan para acabar con los barracones, y ahora anuncia otro, quizás no sea el último. El titular de Educación no ha sido capaz de ejecutar ni la mitad del presupuesto. Lo que nos lleva a una pregunta pertinente, ¿para qué pide más financiación si no es capaz de gastar en tiempo y forma el dinero del que ya dispone? Y, siguiendo ese hilo, una reflexión que todavía no ha sido abordada. La reclamación al Gobierno de Rajoy de una mayor financiación encierra una trampa discursiva, o al menos un equívoco respecto a las expectativas de la izquierda. La mejora en la financiación no significará como cree Compromís que en el futuro habrá más dinero para gastar más, para cumplir con sus promesas de nuevos servicios. Técnicamente, ese dinero servirá para acabar con el déficit actual, para cubrir los números rojos de ahora entre lo que se ingresa y lo que ya se gasta. El dinero nuevo que vendrá ya está empleado y tiene destino («nuestra gente se va a llevar una gran sorpresa cuando se dé cuenta de esto»).