Y se fue dando un portazo

La dimisión de Mónica Oltra era inevitable después de que el pasado jueves el Tribunal Superior de Justicia la imputara por la gestión de su conselleria en el caso de los abusos de su ex marido a una menor tutelada. La bochornosa fiesta del sábado en el viejo cauce tan sólo sirvió para acrecentar la imparable corriente que reclamaba su salida del Consell. El aparente cierre de filas dentro de su partido, Compromís, no ha podido parar una renuncia que por coherencia debería haberse producido a las pocas horas de conocerse el auto judicial. No porque la imputación represente una condena, que no lo es. Se trata de un trámite procesal que se activa cuando los jueces aprecian indicios de culpabilidad, pero sin prejuzgar por ello y mucho menos sentenciar. La coherencia exigible tiene que ver con el listón moral que la implicada había fijado durante años para los demás, y en el que ahora se ha visto atrapada. Las camisetas y los discursos incendiarios pidiendo a dirigentes del PP que abandonaran su cargo público cuando algunos de ellos ni siquiera habían sido imputados es el monstruo que fue alimentando en la oposición y que finalmente la ha acabado devorando. Hoy más que nunca vuelve a hacerse necesario fijar un criterio universal entre los grandes partidos constitucionalistas respecto al momento en que un político con una causa judicial en marcha debe dimitir, para que no cambie en función de si se está en la oposición o en el Gobierno.

Oltra podía haber elegido otra forma de marcharse más sosegada, menos torrencial, dentro del lógico alboroto que su imputación ha levantado, pero escogió provocar un terremoto en la convivencia del Consell del que hasta ahora formaba parte. Tras haber aireado una esperpéntica teoría de la conspiración de la extrema derecha y después de culpar de su situación a la cobertura de los medios de comunicación que han hecho su trabajo de informar, ha lanzado sospechas sobre su socio de gobierno, el PSPV, de quien dice que no quería darle «la coartada» para «que fulmine las políticas del Botánico». Trasladando una imagen de división y enfrentamiento que a once meses vista de las elecciones autonómicas no parece la más conveniente para los partidos coaligados. Y desviando la atención sobre lo fundamental: que Puig no tendría que haber realizado declaraciones sobre su caso («hay que abrir un periodo de reflexión» señaló primero o, tras el acto del sábado, «no estoy para fiestas») si desde el primer momento ella hubiera tomado las riendas del asunto y hubiera aceptado lo inevitable, su dimisión. Con independencia del personalismo de atribuirse esas «políticas» que supuestamente estarían en peligro si hubiera optado por mantenerse.

La marcha de la líder de Compromís resuelve el atasco político –al menos en apariencia– en el que había entrado el Consell, a la espera de cómo evolucionen las relaciones entre los socios de coalición. Queda abierto, mientras tanto, el flanco judicial. El que tiene que resolver acerca de la responsabilidad de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas –la de Mónica Oltra– en la gestión del caso de los abusos de su ex marido. Un escándalo destapado gracias a las advertencias de los jueces que han intervenido en la causa y que tiene una única víctima, a la que nadie se ha dignado a pedir disculpas: la menor tutelada que se vio desamparada por la Generalitat, la Administración pública que debía haberla protegido. Oltra ha procurado en estos años, incluso ayer, presentarse como víctima de complots y desinformaciones. La realidad es muy distinta y ha terminado por arrollarle.

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