El derecho a estudiar Religión

La misma razón defiende que estudiemos en valenciano, o que prestemos especial atención en los currículos al Turia o al Júcar frente a ríos más caudalosos como el Amazonas o el Mississipi, o que sea un hito histórico principal la conquista de Jaime I y no los imperios de Alejandro Magno o de Gengis Kan.

El territorio, la historia y la sociedad determinan el sistema educativo y por eso no hay dos países iguales ni en horario, lenguas, currículos ni tradiciones. Éstas cambian, por supuesto, pero también se mantienen. Fundamentalmente se mantienen y de ahí que haya tantas tan antiguas. Cosas nimias, en nuestros menús escolares está tan presente la paella como el arroz blanco en los colegios asiáticos. La religión en la escuela española, valenciana, no es un postizo, al contrario, está presente por el territorio, la historia y la sociedad a los que el sistema educativo concreta el derecho a la educación. Es una encomienda democrática de la sociedad a la escuela, por lo que no tengo claro que ésta pueda oponerse o ponerle impedimentos. Claro que hay personas que no estén de acuerdo, y en ese sentido hay que entender las declaraciones de Vicent Marzà, como una proposición política, ideológica, puesta encima de la mesa democrática, pero no como una directiva de la Administración a la que no le ampara normativa para llevarla a cabo.

Las creencias forman parte de esa relación de rasgos con especial protección frente a la discriminación, como el sexo, la raza, la procedencia o, penúltimo añadido, la orientación sexual. El progreso se sitúa en avanzar en la protección de estas señas, pero en la actual España sólo sobre las creencias se amenaza con el retroceso. Cierto que en muchas circunstancias su reconocimiento es mayor, lo que debiera ser buena noticia y no una acusación.

Se insiste en que la religión es algo privado, aunque disiento. Es personal. No es lo mismo. Se dice «algo privado» como justificación para que sea oculta, silenciada, recluida en unas nuevas catacumbas del siglo XXI. Personal significa que a nadie se impone pero cualquiera la expresa y no requiere de la aprobación de la mayoría para merecer protección y reconocimiento.

Aceptando su disentimiento, su propuesta democrática y su libertad de ideas, por supuesto, no veo que tenga que pedir permiso al conseller ni la necesidad de que él tenga que concedérmelo como autoridad educativa.

Impregnar la Educación de una mirada transcendental de la persona también forma parte del derecho escolar si lo entendemos como una formación integral más allá de lo instructivo. Y al igual que no corresponde esta tarea al Estado, pues es aconfesional, sí es una opción democrática de los ciudadanos a la que cada país articula una solución diferente.

La nuestra es doble: como asignatura opcional y con colegios religiosos. ¿Qué respeto a las creencias queda si se cuestiona que puedan transmitirse a los hijos, por ejemplo, o se las expulsa de los espacios comunes ahora presentes? La Educación transcendente es un derecho, nunca una imposición, de la que el Estado también es garante.