La desidia en el caso Oltra

Pero la explicación de la conselleria es todavía peor, indecente incluso. La Fiscal de Menores, escandalizada por la situación tras ser advertida por el Grupo de Menores de la Policía, exigió a la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que aportara todo el expediente de la menor, los informes relativos a las valoraciones de los técnicos y que se remitiera también una explicación de por qué no se informó antes del abuso y los motivos que llevaron a la conselleria, que lideraba Mónica Oltra en ese momento, a no dar parte de una situación de tal gravedad. Una petición que se cursó un 6 de julio, cuando el Ministerio Público abrió diligencias penales, y bajo el epígrafe de «con carácter inmediato». Y el área de Igualdad y Políticas Inclusivas oyó llover y pasó del tema esperando a que la Fiscalía se olvidara del asunto. Y cuatro días después, el 10 de julio, la Fiscal Jefe volvió a reclamar la documentación y puso en mayúsculas lo de la inmediatez para que en la conselleria, de primero al último, se dieran por aludidos. Un día después, porque no hay que jugar con fuego, el departamento de Oltra remitió los informes y el resto de la documentación, aunque incompleta, porque parece que no estaba muy por la labor de contarle a la Fiscal Jefe por qué se le hizo poco caso a la víctima, por qué pesaba más la sospecha de una mentira que una investigación y por qué el tema llevaba camino de quedarse en un cajón. Pero el Ministerio Público no estaba dispuesto a que a este asunto se lo llevara el viento, y el 14 de julio, y ya por tercera vez, exigió que había que entregar ese informe, el de las razones por las que no se puso en conocimiento de la Fiscalía el testimonio verbal de una niña de 13 años que había contado que un educador le daba masajes y se masturbaba mientras le cogía la mano.

La respuesta no fue inmediata. Un mes tardó la conselleria de Igualdad en atender la petición de la Fiscalía. El 14 de agosto de 2017, la jefa de Servicio de Infancia, Amparo Nogués, razonó el motivo por el que no se informó del testimonio de abusos. Como no se creyó a la menor, «no se consideró necesario hacer más actuaciones». Y esto es lo grave de la situación, el gran problema. Funcionarios y altos cargos decidieron sin un recorrido judicial que el presunto abuso sexual del exmarido de la consellera, de la jefa, tenía las etapas agotadas sin dar pie a que fuera verdad. Porque concluyeron que era mentira, que no había abuso sexual y que el tema merecía el olvido, hasta que dos policías actuaron con la diligencia exigible a aquellos funcionarios y altos cargos que no la tuvieron.