Diálogo de sordos por el trasvase

Desde que asumió la cartera que gestiona los asuntos medioambientales en España Teresa Ribera no ha encontrado tiempo para recibir a los regantes. Y juró el cargo en junio de 2018 en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Ya son casi tres años, el equivalente las tres cuartas partes de una legislatura, sin recurrir al menos al gesto de sentarse con los representantes de los agricultores del sureste español que aportan unos 3.000 millones anuales al PIB español.

La culminación de estas formas draconianas ha sido la propuesta de reducir las aportaciones del trasvase y aumentar el caudal ecológico de la cabecera del Tajo. Una medida que se ha tomado sin ningún tipo de diálogo asumiendo las tesis de la Junta de Castilla-La Mancha sin sentarse a la mesa a escuchar las posiciones de unos y otros.

La voluntad de diálogo del Ejecutivo (o falta de ella) también se evidenció el pasado 22 de abril cuando los regantes y agricultores se concentraron a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Alicante para transmitir el malestar de los regantes. La sudelegada, María Araceli Poblador, les recibió en la escalera sin siquiera pasarles a su despacho. Todo un gesto que evidencia el interés del ministerio por alcanzar un acuerdo.

Es por eso que llama la atención las continuas llamadas que está haciendo el Consell al diálogo. Tanto el presidente Puig en su recorrido por las comunidades de regantes la pasada semana como la consellera Mireia Mollà con su reunión en Murcia se reafirmaron en su petición.

Por supuesto nadie les ha contestado. La posición del Gobierno de Sánchez parece clara y rotunda: el trasvase se va a recortar sí o sí. La segunda votación del Consejo Nacional del Agua de esta semana ya lo ha consumado y solo falta el Real Decreto.

El silencio, que bien se podría calificar de cómplice, de los cuatro ministros vinculados a Valencia es más evidente que todo un discurso. Ni los cabeza de lista al Congreso por Valencia y Alicante, José Luis Ábalos y Pedro Duque, ni Luis Planas y José Manuel Rodríguez Uribes han dicho una sola palabra en defensa de la infraestructura hídrica.

Lo que parece claro es que dos no pueden hablar si uno de ellos se comporta como una pared. Desde el gobierno valenciano argumentan que no quieren una nueva 'guerra del agua' ni están para frentismos. No se trata ni de una cosa ni de la otra. Es sólo defender los intereses valencianos y no parece que el recurso a los tribunales sea la única estrategia a emplear ante un Ejecutivo que hace oídos sordos.

Se trata de hacer política y de utilizar todas las alternativas, algo que hasta ahora no se ha hecho. Si de verdad es una cuestión de interés para los valencianos y es «irrenunciable» la Generalitat tiene en sus manos instrumentos que, sin hacer frentismo ni abrir guerras, sirven para presionar. ¿Cuántas reuniones ha habido en el Palau con los regantes? ¿Cuántos manifiestos firmados? ¿Cuántos encuentros con los ministros valencianos? Y así hasta el infinito.

Está claro que estas apelaciones al diálogo han servido para poco. Urge otra estrategia aunque algunos tengan que desmarcarse de su partido en Madrid y otros se sientan incómodo defendiendo posiciones que hasta ahora veían propias de otras formaciones. Pero interés general está por encima.