Dimisión obligada

Llegará un día, más pronto que tarde, en el que la clase política española se verá forzada a consensuar un criterio aplicable a todas las causas judiciales en las que se vean envueltos cargos públicos. Un protocolo no escrito por el cual en determinado momento procesal, el implicado tendrá que abandonar, dar un paso al lado y defenderse fuera de su despacho oficial. Pero hasta que llegue ese día, esa clase política tiene que funcionar sin traicionar al menos sus propias normas, sin eludir los comportamientos que en otro tiempo trataron de imponer a los representantes de las formaciones rivales. Este principio obligaría a que Mónica Oltra presentara su dimisión cuanto antes. En realidad debería haberlo hecho este jueves mismo, nada más conocer la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia ha decidido investigarla -lo que hasta hace poco se conocía como imputación- por la gestión de su conselleria en el caso de los abusos sexuales cometidos por su ex marido, y por los que fue condenado a cinco años de cárcel.

El criterio lo marcó ella misma durante sus años en la oposición al PP entonces en el gobierno. A cada mínima sospecha, a cada causa en la que intervenía un juez, la hoy vicepresidenta del Consell clamaba y exigía dimisiones inmediatas sin esperar siquiera la imputación formal, que no siempre llegaba. La judicialización de la vida política valenciana alcanzó unos niveles insoportables con semejante táctica, que no obstante le reportó pingües beneficios en clave de popularidad mediática y, posteriormente, de rendimiento electoral, como se pudo comprobar en los comicios de 2015. La aplicación de la terapia que recetaba a los demás sitúa a Oltra en un callejón con una única salida, la de abandonar el cargo en el Gobierno valenciano. Mantenerse a cualquier precio, como al parecer pretende, no haría más que empeorar su situación política, ahondar en su desprestigio y evidenciar tanto sus graves contradicciones como una ambición desmedida que no admite el fracaso.

No se trata de invertir la carga de la prueba. Mónica Oltra tiene el mismo derecho que asiste a cualquier ciudadano y que consagra la Constitución española, el de ser considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario. Los indicios de culpabilidad apuntados por la Fiscalía, y que sin duda han pesado en la decisión del tribunal valenciano, no son una sentencia condenatoria sino el primer paso para investigar una actuación más que sospechosa, que llevó a que la víctima -la niña sobre la que se cometieron los abusos- llegara esposada al juicio en el que se iba a juzgar a su entonces presunto abusador, el hoy ex marido de la consellera. Sin saltarse estos principios, es exigible la dimisión de Oltra por pura coherencia política, por dignidad, por no dañar más la reputación de la Generalitat. Y si ella no quiere dar ese paso, es al presidente Puig a quien corresponde actuar con la diligencia debida aunque eso ponga en riesgo la continuidad del pacto de gobierno -el Botánico II-. La credibilidad de las instituciones y la salud de la democracia se sustancia en estos lances tan enrevesados, que es cuando los mandatarios deben demostrar una altura de miras y un sentido de Estado por encima del tacticismo al que nos han acostumbrado. La imputación de Mónica Oltra por un escándalo de presunta corrupción -porque proteger a un abusador sexual por el hecho de ser el marido de la consellera es tan corrupción como robar dinero público- puede tener un recorrido judicial más o menos largo, que concluya, o no, con la apertura de juicio oral a los investigados. Mucho antes de que llegue ese hipotético momento, la todavía vicepresidenta debe presentar su dimisión.

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