Hace unas semanas la Conselleria de Emergencia Climática se acordó de la Albufera. Algo que en principio sería un motivo de satisfacción. Pero había truco. ... Mireia Mollà dirigió un escrito a la Autoridad Portuaria recordándole que el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia se tendría que paralizar porque se han empezado a tramitar los nuevos planes de protección del parque natural.
No se trata ahora de entrar a valorar las afecciones que las obras de ampliación puedan tener en el parque. Tan sólo llamar la atención sobre el hecho de que en los seis años que lleva el Botànic gestionando esta conselleria prácticamente no se ha acordado de este espacio natural. Ahí está la palmaria falta de inversiones o el retraso en los documentos de gobernanza, por citar sólo dos ejemplos. Tan sólo ha sido capaz de actuar con cierta agilidad y enarbolar la bandera de la Albufera cuando ha visto necesario defender las posiciones de Compromís en una cuestión tan complicada como es la ampliación del puerto. Ahora parece que proteger este paraje sí que es importante. En cambio, no lo ha sido tanto a la hora de destinar partidas en los presupuestos para atajar algunos de los problemas que la ahogan.
Esta doble vara de medir ha vuelto a quedar a la vista con la cementera de Buñol. Cuando Compromís se encontraba en la oposición no dejó de atacar la política de residuos del entonces gobierno popular con un rechazo abierto a la construcción de incineradoras en la Comunitat Valenciana.
Uno de los principios configuradores del Plan Integral de Residuos de la Comunitat (PIR), aprobado al final de la pasada legislatura, es el rechazo a la incineración de residuos.
Pero ahora la Conselleria de Emergencia Climática ha vuelto a impulsar la autorización ambiental integrada para que la cementera de Buñol pueda incinerar, valorizar es el término técnico que se utiliza, residuos peligrosos.
No hay que olvidar que Emergencia Climática ha vuelto a poner en marcha un proyecto que fue impulsado por el PP, que no se llegó a aprobar entonces y que los actuales gestores criticaron cuando estaban en la oposición.
La planta podrá quemar, si al final se decide dar la luz verde a la modificación de la licencia, 30.000 toneladas anuales de desechos industriales con restos químicos, plásticos o corcho, entre otros materiales peligrosos.
No sólo eso sino que la nueva autorización permitirá a la cementera quemar otras 110.000 toneladas más de residuos de otro tipo cada año para generar combustible. Como agravante valga resaltar el hecho, según destacan desde Ecologistas en Acción, de que gran parte de estos desechos proceden de otras comunidades autónomas.
La comarca está en pie de guerra y ayuntamientos como el de Buñol, Macastre o Cheste han presentado alegaciones y quizá consigan pararlo.
Al igual que lo sucedido con el Puerto y la Albufera, el problema no es el fondo, sino la forma: El utilizar una doble vara de medir según convenga. La protección de la Albufera se convierte en una prioridad cuando hay que defender una posición política concreta para parar una infraestructura. Porque nadie duda de que este paraje necesita ser preservado. Ese no es el debate.
Y, en el caso de la cementera de Buñol, la incineración no es aceptable hasta que lo es por unas razones que no se atreven a explicar. Pero alguna inquietud deben albergar cuando toda esta operación se ha tratado de hacer casi de tapadillo y por la puerta de atrás. La mala conciencia siempre acaba por remorder.
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