
El drama: detenidos delante de sus hijos
EL ESTADO DE LOS TRIBUNALES ·
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EL ESTADO DE LOS TRIBUNALES ·
Merece una reflexión la necesidad de algunos arrestos en casos de corrupciónLos hechos. La entrevista a Juanjo Medina, exvicepresidente de la Diputación de Valencia, absuelto del pitufeo y de una pieza de Imelsa, dos casos ... de corrupción en apenas un año, dejó un asunto preocupante sobre la mesa. No ya el de la propia detención de los investigados en causas de corrupción sino la circunstancia de que el arresto se produzca delante de los propios hijos u otros familiares menores de edad. Fue el caso de Medina cuyo hijo adolescente no pudo controlar la ira y golpeó un electrodoméstico. No es la primera vez que una operación de este tipo se produce bajo estas delicadas circunstancias. Recuerdo como un momento especialmente sensible el arresto de Serafín Castellano en su propio domicilio y en presencia de dos hijas. Y los momentos de angustia que se vivieron allí y no sólo por parte del exconseller. O la detención también de Ricard Gallego, mano derecha de Jorge Rodríguez en el caso Alquería, que se produjo en esa atmósfera familiar. Este tipo de operaciones se plantean con semanas y, además, se requiere que estén perfectamente sincronizadas para que se produzcan al mismo tiempo y no se avisen entre los posibles sospechosos. Pero la realidad y el posterior resultado de algunas investigaciones lleva a reflexionar acerca de si son necesarias todas las detenciones y si no se podría cuidar, de alguna forma, que los arrestos se produjeran delante de los menores. Y todo con independencia de los hechos y los indicios contra los arrestados. ¿No se abusa de las detenciones? ¿No serían algunas fácilmente prescindibles?
El caso Vaersa. Los asuntos judiciales de esta empresa pública parece que llegan, de momento, a su fin. Podríamos decir que se trata de la otra Imelsa, empresa que siempre ha estado bajo el foco de la sospecha y que ha acabado desapareciendo precisamente por eso. Espinosa Bolaños, el exdirector, ha afrontado ya tres procedimientos judiciales. Por el pago de la productividad sin cobertura legal, por la compra de todoterrenos y ahora, este último, por el pago de casi 800.000 euros al abogado Vicente Bru, hermano del exconseller socialista Segundo Bru. Estos pagos, durante el periodo 2008-2010, se articulaban sin ningún contrato más allá del compromiso verbal. Espinosa no ofreció explicaciones convincentes. La firma estuvo también bajo sospecha por la visita del Papa a Valencia. Tenía Espinosa razón al definir ayer en el juicio la empresa como un «cajón de sastre». En todo momento, el exdirectivo defendió su inocencia -ya fue absuelto en un jurado por el pago de dietas sin justificar- y lanzó un ataque al ministerio fiscal respecto a sus dos confesiones previas: «Lo hice por las presiones que recibí. Si no pactaba no me dejaban volver a China».
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