Primero el TSJ y ahora el Supremo

El modelo lingüístico que intentó implantar en las escuelas el conseller nacionalista Vicent Marzà, basado en el arrinconamiento del castellano, quedó enterrado entre autos y sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que señalaron la evidente ilegalidad de disposiciones tan discriminatorias como la que pretendía otorgar directamente la certificación de conocimientos de inglés únicamente a los alumnos que hubieran escogido la línea de enseñanza en valenciano.

A raíz de aquellos fallos judiciales, los dirigentes de Compromís -con Mónica Oltra a la cabeza- así como los sindicatos de su cuerda y asociaciones de su orientación ideológica, comenzaron una ofensiva contra los jueces, poniendo en tela de juicio su capacidad de anular leyes y disposiciones aprobadas por el poder legislativo o por el poder ejecutivo, lo que es tanto como pretender derribar la separación de poderes amparada por la Constitución española y base de las democracias más avanzadas.

El tiempo ha demostrado que los jueces valencianos no practican ningún tipo de animadversión hacia el Consell tripartito ni hacia un departamento autonómico en particular sino que se dedican a hacer su trabajo en la medida de sus posibilidades y con los medios de que disponen, que no son precisamente los mejores.

El Tribunal Supremo ha ratificado las primeras resoluciones del TSJ valenciano, confirmando la ilegalidad del decreto de Marzà sobre plurilingüismo, un eufemismo que lo que de verdad esconde es la descarada apuesta por una lengua en detrimento de la otra, cuando el Estatuto de autonomía establece la cooficialidad. El Supremo no sólo avala la actuación del tribunal valenciano sino que, de paso, viene a dejar al descubierto la torpeza de acusar a los jueces de querer sustituir a los políticos. Cuando las normas son ajustadas a Derecho, cuando no se cometen arbitrariedades, los tribunales se limitan a certificar la validez de las leyes.