El ejemplo Villalonga

No hay dinero para pagar el coste social, laboral y económico que supone verse imputado en un procedimiento de corrupción. «Es que claro, voy a pedir trabajo y ponen mi nombre en Google... Y ya te puedes imaginar cuál es la respuesta», se han sincerado, en alguna ocasión, con quien una vez al mes escribe estas líneas. Similar lamento respecto a su facturación o pérdida de negocio manifiestan empresarios que ven cómo su sociedad aparece periódicamente salpicada por la sospecha de irregularidades. De ahí que sea primordial establecer la adecuada proporción entre el deber de informar y la presunción de inocencia. De igual modo que, cuando a un funcionario se le acusa de uno o varios delitos y la Generalitat rechaza su defensa y finalmente su caso termina archivado o queda absuelto, merece -cómo no- que le paguen una indemnización. Por eso, el caso de Isabel Villalonga, la funcionaria investigada en Nóos y que se negó a pagar facturas a Iñaki Urdangarin, ha tenido que pleitear con la Generalitat para que le pagaran su abogado resulta chocante. El Consell sólo reconocía darle 1.600 euros frente a los más de 4.000 que reclamaba. Una cifra, por otra parte, muy ajustada. El TSJ dio la razón a la funcionaria. Todo esto debe invitar a la reflexión de los partidos políticos a la hora de iniciar procedimientos penales. Es un arma que se utiliza con especial intensidad a medida que se acercan periodos electorales. Y da igual las siglas. Aquí, en esta práctica, no se distinguen colores. Por desgracia, la hemeroteca ofrece algunos ejemplos sonrojantes. Así, conviene recordar el mayor escándalo de corrupción que anunció el PSPV: el desfalco en Feria Valencia. Acabó en archivo. Otro rimbombante caso, el del agujero de 1.200 millones en la vieja RTVV, camina hacia el sobreseimiento.