Un 'ejército' para JM Ángel Batalla

Una manifestación de agentes contrarios a la modificación de la norma alteró ayer el inicio del debate del anteproyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de la CV. Mal comienzo para una iniciativa en la que tiene depositadas todas sus complacencias José Mª Ángel, director de la Agencia de Seguridad y sombra de Ximo Puig mientras hay luz natural o artificial. Un texto varias veces corregido que aspira a (abran comillas) profundizar en la (re)construcción nacional del PV (cierren comillas) con la unificación de las distintas e inevitablemente atomizadas policías locales en un solo cuerpo, la futura Policía Autonómica, sujeto a las órdenes del Consell. Y, en su nombre y/o defecto, del promotor de esta reforma. Un auténtico ejército de no menos de 10.000 hombres fuertemente armados. Ángel no descarta dotar de armas largas a los policías locales. Lo declaró el pasado 30 de agosto en Nules. Fecha en que, puede que influido por esa equivocada sensación de admiración que despertó la expeditiva actuación de los Mossos tras los atentados -disparar primero y no poder preguntar después dificulta enormemente la resolución de los crímenes-, terminó de romper con la tradición socialista en materia de policía local. Pues no hay que olvidar que si por algo se caracterizó la actuación del PSPV tras los comicios locales de 1979 fue por el desarme de los urbanos. El PSOE partía del supuesto de que para regular el tránsito y velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales no era preciso llevar pistola. Ni mucho menos un revólver, como los Smith & Wesson que lucían los integrantes de la Brigada 26 (1973-1986), disuelta, entre otras razones, porque era demasiado violenta para los gustos de la época. Unos gustos que, al parecer, no son ya los de ahora salvo en una cuestión capital: el nombramiento del jefe de la policía local. En tiempos de referéndums y presupuestos participativos, el Tío de la Porra no será elegido por sufragio universal como ocurre en los EE.UU. Continuará siendo designado por el alcalde de la localidad. Procedimiento susceptible de provocar toda suerte de alcaldadas, como la que todavía colea en Xàtiva, donde Roger Cerdà incumplió la promesa de mantener en el cargo al hasta entonces intendente, Enric Gómez; descartó reponer al destituido en su día por Alfonso Rus e impuso a un tercero, a quien no sólo le subió automáticamente el sueldo, sino que le acaba de conceder unos pluses que tienen a los 'socarrats' escandalizados. Se diría que para este viaje no hacían falta alforjas si no fuera porque, según el SPLB, entre picos, palas y azadones la nueva ley encarecerá el servicio del orden de 60 millones de euros. Pero había que avanzar en esta dirección. Cualquier cosa con tal de no ser menos que «vascos y catalanes». ¿Será por dinero?, vino a decir Ángel, a sabiendas de que los grandes (y los medianos) ayuntamientos no quieren ni oír hablar de estos corros chirimbolos.