El nuevo acceso a la función pública docente aprobado parece definir una solución para cada circunstancia. Digo parece, porque las distintas vías, tres diferentes, son a beneficio de los interinos, por grados. Es de lo que se trata tras el varapalo europeo al abuso por ... parte de la Administración de esta contratación eventual, que derivó en el Decreto Iceta para la función pública y ahora se adapta al ámbito educativo. Que el colectivo de interinos, y los sindicatos que los representan que vienen a ser todos, muestren su disgusto es que la ventaja se les queda corta. En esto del acceso a la función pública docente, los aspirantes que no tienen servicios prestados parten en desventaja desde hace mucho tiempo.
Un galimatías que crea tres convocatorias para dos tipos de vacantes, aquellas que prevén reducir la interinidad y las que se convocan para sustituir jubilaciones o son nuevas. Lo que viene a decir el Consejo de Estado, cuyo dictamen ha provocado el último cambio, es que lo extraordinario de la alta interinidad afecta a las plazas destinadas a reducirla, pero que las otras, las que sustituyen a las jubilaciones, se deben cubrir de manera ordinaria sin afectarles esas medidas extraordinarias destinadas a estabilizar al personal interino. ¿A quién puede agradar este galimatías que durará tres años?
En el concurso-oposición habitual -con pruebas eliminatorias- el porcentaje de interinos que aprueba ronda el 70%. Ésta es la única vía, en la práctica, en la que los aspirantes de libre acceso tienen alguna opción. La extraordinaria, aumenta el valor de la experiencia y no es eliminatoria, por lo que se intuye que son los interinos los que coparán las plazas en propiedad. Por último, la vía del concurso de méritos, una única convocatoria, es exclusiva para interinos 'veteranos'. Por tanto, las escasas opciones de los aspirantes de libre acceso están en las oposiciones que se puedan hacer antes de que la Administración autonómica las adapte al nuevo decreto.
En toda esta polémica sobre el acceso a la función pública docente no se debate sobre la idoneidad del proceso para la selección del profesorado más adecuado. Es decir, las necesidades del alumnado no se contemplan ni se reflexionan, o la calidad del sistema educativo. Es como si el profesorado no fuera un factor clave en esto de la enseñanza, así que da un poco igual quién lo sea. Las modificaciones en el acceso no vienen provocadas por una reflexión intensa sobre su impacto en la escuela. El cambio parte de una perspectiva laboral en exclusiva. Fíjense, unos entrarán por la experiencia y otros tendrán pruebas eliminatorias, y nadie nos dice por cuál de las tres vías llegarán mejores docentes porque, lo más grave, lo que dicen es que ninguna sirve para detectar qué es un buen profesor.
El objetivo es reducir la interinidad al 8% en tres años, mientras que ahora superamos el 20%. Esto es lo que justifica este proceso extraordinario que busca que los interinos se conviertan en funcionarios de carrera. Pero estamos en las mismas, que los que ahora son aspirantes ajenos al sistema serán los interinos de dentro de tres años mientras no se coja la dinámica de convocar las vacantes a oposición. Solo se reduce la interinidad con oposiciones, sea porque éstos la aprueban, como se pretende, sea porque las aprueban otros y ellos ya no trabajan, que es lo que se quiere evitar sindicalmente. Si no se convocan oposiciones, o se reduce la plantilla, que no es el caso, o aumentan los interinos.
Era el momento de plantearse una alternativa a la oposición, pero a ver quién se atreve.
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