Empresas contra las cuerdas

La economía española inicia hoy un proceso de insólita «hibernación», que equivale a un cerrojazo empresarial prácticamente absoluto hasta el 9 de abril de las actividades «no esenciales» para reducir al mínimo la movilidad y combatir con mayor eficacia el avance del coronavirus. Eso es al menos lo que se pretende. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, justificó la medida adoptada ayer en un Consejo de Ministros extraordinario por la necesidad de «ganar tiempo» a la pandemia y aliviar el sistema de salud. Habría sido desde luego preferible mantener el pulso de la actividad al ralentí hasta donde ello fuese compatible con la protección de la salud pública, un bien superior que debe prevalecer por encima de todo; eso no se discute. No obstante, seguimos esperando una explicación digna de tal nombre acerca de un viraje que echa por tierra los mensajes oficiales de la última semana. El optimismo latente en ellos choca con una medida tan drástica y definitiva y con los 838 muertos contabilizados ayer, que ilustran sobre una situación extraordinariamente angustiosa, agravada por el injustificable retraso en la compra de material por la impericia e imprevisión del Gobierno. En todo caso, la orden de paralización total de la actividad económica parece indicar que el Gobierno se dispone a hacer recaer sobre los particulares (empresas y ciudadanos) el coste social del coronavirus, colocando la actividad productiva contra las cuerdas, lo que a medio plazo abrirá una recesión económica sin precedentes. Ni se permite el despido para aliviar la situación sobrevenida de muchas compañías ni tampoco mantener un mínimo de actividad e ingresos, y por supuesto no se suspende el pago de impuestos y cotizaciones, lo que inevitablemente llevará a una situación de cierres y liquidaciones de miles de empresas, estranguladas por las decisiones del Gobierno. Es el Estado en primera persona quien debe asumir las obligaciones también presupuestarias de esta pandemia, y no desviarlas hacia terceros, que además son los responsables de la generación de riqueza y por tanto del mantenimiento del estado de bienestar. El Gobierno parece entender que carece de fondos para la crisis social que se avecina y sortea su responsabilidad directa. Todos debemos en esta hora estar al pie del cañón, sirviendo a la sociedad y al interés nacional. Todos. Pero se echa en falta un apoyo moral y legislativo explícito del ejecutivo sanchista hacia el sistema productivo, hacia empresarios y trabajadores. Un error que pronto podemos pagar caro.