Epidemia de violencia armada

Que en Estados Unidos, donde cada día mueren tiroteadas 106 personas según la Casa Blanca, un congresista decida felicitar estas fiestas con una fotografía suya con seis familiares en la que muy sonrientes todos sostienen armas de fuego es más que un indicio alarmante que ... se torna en terrorífico cuando se lee el mensaje que acompaña a la postal y que el político republicano publica en sus redes sociales: «¡Feliz Navidad! Posdata. Santa, por favor, traiga munición». La macabra felicitación de Thomas Massie posiblemente muestra una de las aristas del problema que desde hace mucho sacude a Estados Unidos, el país del mundo con más armas de fuego por habitante. De hecho, varios indicadores apuntan a que en Norteamérica hay más millones de armas que millones de ciudadanos. Una fiscal ha señalado ahora otra de las raíces de esta situación. Karen McDonald ha acusado de homicidio involuntario a los padres del menor de 15 años que hoy hace justo una semana supuestamente mató a cuatro de sus compañeros en un instituto de Oxford, en el estado de Michigan: «Tener un arma implica guardarla en un lugar seguro y no permitir a otros, especialmente a los menores, que accedan a ella. Fue él quien apretó el gatillo, pero hubo más gente implicada en ese trágico suceso, y es mi obligación hacerles responsables». McDonald dijo esto después de saber que el propio centro educativo alertó a los padres del atacante cuando, horas antes, le encontraron buscando información en su móvil sobre cómo conseguir balas. Y también después de comprobar cómo los progenitores dejaron un rastro en internet vanagloriándose de la compra de la pistola con la que se cometería la masacre. «Acabo de hacerme con esta belleza», publicó el menor en sus redes sociales tras adquirir el arma con su padre. «Un regalo de Navidad», apostilló su madre en un comentario adjunto. Ethan Crumbley será juzgado como adulto por, presuntamente, asesinar a cuatro personas y dejar heridas a otras siete. Pero la iniciativa inédita de implicar a sus progenitores podría dar un giro a partir de ahora en el tratamiento penal de las matanzas perpetradas por menores en Estados Unidos.