Ética para una pandemia

Algunos actos ilegales no pasan de tretas un tanto ingenuas, rápidamente detectadas por la policía: desde sacar a pasear a un perro de peluche a pilas, a deambular con una barra de pan en la mano durante horas para sortear un confinamiento. Pero, junto con picaresca, se ha desarrollado un universo paralelo delictivo, mucho más oscuro. Continúa el estraperlo con la venta ilegal de vacunas, como la hubo de mascarillas; también la reventa a precios estratosféricos de tests de antígenos, todo ello con grave riesgo para la salud -nada garantiza su autenticidad en el mercado negro- y el bolsillo. Algunos van por libre, como la enfermera negacionista alemana que dejó sin vacunar a más de 8.000 personas al sustituir, en su cruzada personal, la fórmula aprobada por la Agencia Europea del Medicamento por una solución salina. En otros casos, son mafias organizadas: la enfermera italiana detenida hace unos días por fingir vacunar contra el coronavirus por 400 euros no actuaba sola.

Además de botellones y fiestas ilegales ha proliferado la falsificación de pruebas y pasaportes Covid, todo un negocio. Hasta 1000 dólares puede costar una dosis para vacunarse en el mercado ilegal, 200 un certificado Covid y 25 una prueba de contagio negativa para sortear las restricciones. A la estafa y el estraperlo hay que sumar las campañas sistemáticas de desinformación: desde la implantación de microchips, bulo que todavía persiste, al famoso imantado tras las primeras vacunas, efecto de las grasas naturales de la piel. El trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad es vital para frenar los delitos. Para recortar tiempos y evitar un alargamiento cruel de la pandemia es preciso un compromiso firme con el bien común.