Pedro Sánchez vuelve a recurrir, una vez más, al carril rápido para cumplir con sus voluntades -y las de sus socios- y que, una vez más, parezca un accidente. «Tenemos que modernizar, que homologar el Código Penal en lo que respecta al delito de sedición ... a las principales democracias europeas». Dicho así, según lo expresó el presidente del Gobierno en su entrevista del pasado jueves en La Sexta, podría parecer que el asunto fuese un clamor de primera necesidad con la gente saliendo en masa por las calles. Algo como lo del domingo en Madrid en defensa de una sanidad pública digna contra el plan de Ayuso. O como si Bruselas hubiese enviado a España al comisario europeo de Justicia, como sí hizo hace semanas ante el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para forzar esa 'europeización' del Código Penal. Europeizar será una de las palabras clave establecidas en el nuevo marco mental diseñado para la ocasión. «Hablamos de europeizar», insistía Patxi López tras registrar la iniciativa junto a Jaume Asens en el Congreso de los Diputados. En paralelo sus socios lo celebraban en el Palau de la Generalitat aguardando ansiosos el anuncio del siguiente sapo a tragar: la malversación.

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Las prisas por la construcción del argumentario sobre la idoneidad de la supresión de la sedición esconden motivaciones de fondo y de forma. El meollo está en la eliminación de un plumazo del propio delito borrando el capítulo que lo legisla ahora, contemplando de diez a quince años de prisión, y su sustitución por uno de «desórdenes públicos agravados», con una pena máxima de cinco años de cárcel. En cuanto a la puesta en escena, el Ejecutivo ha preferido la opción de la proposición de ley presentada por los grupos de la coalición de Gobierno y no por el Gobierno. El cauce elegido, el más reiteradamente aprovechado por parte de este Ejecutivo, les permite que los plazos de tramitación se reduzcan a la mínima expresión. El otro camino podría prolongar el procedimiento parlamentario durante meses puesto que requiere los informes preceptivos del CGPJ y del Consejo de Estado, cuya consulta, aunque no sea vinculante, implica respeto a las garantías constitucionales. Por eso, tirar mano, de nuevo, del atajo de la vía exprés puede propiciar que el cambio se zanje en cuestión de semanas. Posiblemente en las mismas que serán decisivas para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que hoy llegan a comisión. La ministra de Hacienda sostiene que es «absurdo» vincular las cuentas a la sedición. Estos disparatados de la prensa siempre buscando la doblez... Si el Gobierno ofreciera el parte diario en su propio espacio del tiempo, seguramente, ya nos habría contado que a Junqueras se le está poniendo cara de candidato.

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