FINAL FELIZ PARA LOS NUEVE TRAMPOSOS

Paradojas judiciales. El protagonista del juicio gurteliano que comenzó el lunes en la Audiencia Nacional ya es Francisco Camps, que no está presente en la sala ni encausado. Mientras que los nueve empresarios acusados y cercados por financiar ilegalmente al PP valenciano parecen cada vez más ausentes y ajenos al terremoto, en virtud de un pacto con el fiscal que conlleva adjetivos divergentes, del elogio al reproche. Para que se dé la corrupción, necesitamos dos partes; el que cobra el dinero y el que lo suelta, el que concede el favor y el que se beneficia del mismo. Se sabe que estos nueve empresarios contaban con el favor de su parte, o al menos una suerte inmensa, porque eran aventajados contratistas de las administraciones y además han confesado que, en efecto, pagaban gastos electorales del PPCV a través de las empresas de Correa y El Bigotes. Orange Market ejercía de intermediario, ponía el instrumento jurídico/mercantil para facilitar la operación entre los otros dos actores: el partido y los empresarios. Pues bien, una de las partes, la de los nueve empresarios, se va prácticamente de rositas gracias a que sus testimonios sirven, eso sí, como pruebas de gran valor contra los políticos implicados. Los nueve empresarios de cabecera de aquellos políticos no irán a la cárcel; los seis años de prisión inicial se han rebajado a menos de dos. En la práctica, su carrera delictiva apenas les costará 28.000 euros de multa; para algunos de ellos el efecto en su cuenta corriente de lo que supone para cualquier mortal pasar una escapada de fin de semana con la familia. Más allá de que fueran delincuentes, lo que agrava su papel es que sus delitos les dieron una ventaja respecto a los demás empresarios a la hora de concurrir a los concursos; como poco está claro que les posibilitaba unas relaciones con el poder privilegiadas frente a los demás, rompían la transparencia del mercado y la libre competencia.

El ensombrecimiento de estos nueve magníficos es tan grande que de muchos de ellos salen fotografías contadas hasta en Google. Parece como si apenas hubieran pasado por el estercolero. Intentan no hacerse notar, con la conformidad de la fiscalía, pero conviene poner sus nombres. La mayoría del público se queda con Enrique Ortiz, el amo de Alicante, implicado en mil fregaos. Pero hay más. Son: los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna, los hermanos Alejandro y Antonio Pons Dols, Vicente Cotino, Gabriel Alberto Batalla Reigada, José Francisco Bevia y Enrique Gimeno Escrig. Estos son los arrepentidos, según aprendimos de ‘El Padrino’ y otras sagas mafiosas. Arrepentidos, una figura jurídica así mal llamada para señalar al colaborador o al ventajista. En este caso, unos ventajistas innatos; primero sacaron ventaja en los concursos sobre los otros empresarios y ahora lo hacen respecto a los otros acusados. Un ADN macizo.

En realidad no se conoce cómo era la operativa que generó la supuesta corrupción. No se sabe si fue algo concertado y negociado entre las partes previamente (‘yo te doy y tú me das’), o la espontánea y generosa oferta de un empresario que se presenta y no se puede rechazar (‘había pensado que...’) o sencillamente una petición posterior y sobrevenida de los políticos hacia los contratistas más exitosos (‘oye, mira, nos vendría bien... tú que nos conoces...’) y el adjudicatario entra en el juego para mantener la buena interlocución con la administración. Se sabe, según contaba ayer en este periódico Mateo Balín, que estos delitos estarían prescritos para lo que le afecta a Paco Camps. A no ser que se abriera una pieza separada para probar que los nueve empresarios arrepentidos por financiar al PP recibieron a cambio obras amañadas. Esta pasa a ser una incógnita de consecuencias importantes.

Camps por tanto se juega mucho en este juicio. Contra lo que pudiera parecer, el defenestrado Camps todavía tiene cosas que perder. Mientras el debate era si el PPCV se financionó ilegalmente o no, el expresidente podía mantener su posición de rotunda negativa. Cuando las confesiones de Correa, Crespo, El Bigotes y nueve empresarios, más las pruebas documentales, confluyen en que sí hubo financiación irregular del PPCV, el debate ya está en quiénes fueron los autores y responsables de esa financiación irregular. El exsecretario general Ricardo Costa y el exjefe de campaña Vicente Rambla están sentados en el banquillo con un horizonte penal complicado. Camps podría aducir que no participaba en la trama, que no era su cometido, pero tendrá complicado convencer a la opinión pública de que no estaba enterado de nada y de que todo se hizo a sus espaldas, que lo descubrió por la prensa, que sus colaboradores le negaron todo cuando les preguntó al estallar el caso y que su número dos en el partido actuó por su cuenta y riesgo sin darle la más mínima información. Quizás pasara así, pero cuesta tanto creerlo que de hecho no se lo puede creer nadie, y si acaso hubiera pasado de esa manera, ¿en qué lugar queda Camps como líder y director de equipos? Estamos a punto de que se abra el debate sobre la permanencia del expresidente en el Consejo Jurídico Consultivo; a puntito. Habrá que ver si esta vez toma la iniciativa o se deja cocer de nuevo a fuego lento.

Esto empieza a dar pinta de un sálvese quién pueda (hasta a Alberto Fabra, el Donlimpio de la corrupción campista, le ha llegado una bala perdida desde la Audiencia Nacional). El próximo miércoles declara Ricardo Costa, abocado a ser la gran cabeza de turco, algo que se ve venir desde el principio del caso. ¿Asumirá todas las culpas o en línea con los comparecientes anteriores repartirá sus responsabilidades con otros? ¿Apuntará en corto a un Camps ya políticamente amortizado o lanzará su dardo hasta la mismísima calle Génova, en un momento en el que incluso inquieta la continuidad de Mariano Rajoy?

Las declaraciones de El Bigotes y Correa conviene cogerlas con pinzas. Son tipos sospechosos. Bien. Correa ha hecho un pacto con el fiscal. Crespo y El Bigotes han tirado de la manta pese a que no tienen un pacto con el fiscal. ¿O sí lo tienen y se oculta? Eso de presentarse en el banquillo como una pobre gente a la que los del PPCV obligaron a realizar actos ilícitos para cobrar sus deudas ni se sostiene ni se puede respetar; porque ya fueron condenados en otras causas similares. Ni víctimas ni ejemplares. Lo cual no quiere decir que estén largando mentiras, están largando lo que les conviene y lo que largan coincide con las pruebas periciales y con el testimonio de los empresarios arrepentidos. Y estos nueve magníficos, estos sí que van a quedar como los triunfadores de la escabechina. Pagan ahora la multita como antes pagaron la mordida. Y a otra cosa.