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El de Pedro Sánchez no era el gobierno bonito, no. Así se difundió tras la moción de censura contra Rajoy por el sello publicitario y tuitero del estratega del líder socialista, Iván Redondo. Pero una cosa es mandar a orillas del Guadiana para el virrey Monago y otra dirigir los mandos de La Moncloa; una cosa es inventarse paridas como que Extremadura es la desconocida Texas ibérica (de lo que por supuesto se cachondeaban hasta los propios extremeños; una Texas sin petróleo ni texanos) y otra bien distinta es manejar los destinos de España. Seis meses después, el gobierno bonito ha resultado ser el gobierno fósforo, repleto de ministros cerilla. Ministros que arden rápido y se queman pronto, inflamables, de luz y calor momentáneo, fugaz y expuestos al vaivén del viento. Lo más granado del gobierno es ya una caja de cerillas usada, gastada, quemada, sin utilidad posible.
Más allá de los innumerables errores, la evidente parálisis, la confusa gestión, la cohesión ausente, las decisiones atropelladas y el afán de Sánchez por acumular horas de vuelo en el Falcon... más allá de todo eso el gobierno fósforo está repleto de ministros inhábiles por las inconsistencias profundas de sus titulares. Ahí tienen el problema principal de legitimidad y no en la acción de gobierno. Y lo primero que llama la atención (aunque no haya nada que objetar ni reprochable) es que en general estos ministros socialistas tienen un buen pasar en cuanto a patrimonio personal se refiere. Eso en realidad habla bien de ellos, de su buena cabeza para administrarse, pero desmonta el bulo de que los ricos hacen política con el PP y los pobres con el PSOE. Las siglas no segregan los políticos ricos de los tiesos.
La inconsistencia principal no es esa, naturalmente. Sino que este gobierno ha construido su pilar discursivo sobre la base de una mayor fiscalidad y la subida de variados impuestos. Más impuestos y gravámenes a porrillo. En el diésel y los hidrocarburos, en las cotizaciones sociales, en el impuesto de sociedades, en el de sucesiones, para los autónomos, el salario mínimo, etc. Es una opción política e ideológica, siempre que esa política sea ejemplar y dé primero ejemplo a los demás. Y no lo hace. Hemos ido descubriendo cómo un grupo importante de ministros ha intentado eludir de formas diversas sus obligaciones y transparencia con el fisco o con las variadas administraciones. El mismo Gobierno que nos sube los impuestos a los contribuyentes no tiene sus propias cuentas al día. Recordemos que (1) Máximo Huerta (antes Màxim) dimitió tras conocerse que fue sancionado por defraudar a Hacienda más de 200.000 euros; (2) Pedro Duque ha tenido que pagar una liquidación complementaria por tener sus viviendas a nombre de una sociedad instrumental; (3) Nadia Calviño también creó una empresa como la de Huerta para pagar menos; (4) Isabel Celaá posee varias viviendas no declaradas; (5) Josep Borrell acaba de ser multado con 30.000 euros por Competencia por beneficiarse de información privilegiada en la quiebra de Abengoa. Pero hay otras inconsistencias ajenas a la fiscalidad, pero políticamente relevantes. Dolores Delgado (6) dijo no conocer al siniestro Villarejo y en realidad no sólo lo conocía sino que como fiscal tuvo conocimiento directo de las irregularidades del comisario y no hizo nada; (7) el propio Pedro Sánchez tiene encima suyo la sombra del plagio y trato de favor en su tesis universitaria. Son graves inconsistencias para aquellos que llegaron al poder ondeando la bandera de la moralidad. En cambio, lo que sigue funcionando es la doble vara de medir. Borrell puede seguir en el cargo cuando por mucho menos se exigió la dimisión del ministro Soria; Villarejo provoca la dimisión de Cospedal pero no de la ministra Delgado.
Nos queda todavía por reseñar el caso de nuestra Carmen Montón (8), a la que hicieron dimitir tras destaparse las supuestas irregularidades en su máster universitario. El juzgado ha cerrado el caso, por tanto la exministra está libre de sospechas judiciales. Pero Montón no dimitió por la responsabilidad judicial en la que habría incurrido, de hecho dimitió antes de que la fiscalía decidiera tomar cartas en el asunto y la presión mediática no apuntaba a la supuesta ilegalidad sino a lo indecoroso, lo éticamente censurable. No todas las conductas reprobables implican falta o delito. Montón dimitió por responsabilidad política, porque sus explicaciones no convencieron y todo resultaba feo y molesto para un partido que llegó sacando pecho frente a los aprovechados peperos que les precedieron. Montón tuvo mala suerte. Un mes después no le habrían forzado a dimitir. Justo después de lo suyo saltaron los escándalos de la tesis de Sánchez y las casas opacas de los distintos ministros y la comida vergonzante de la titular de Justicia en la que ignoró un caso de chantaje, prostitución y quizá algo más (el feminismo oficial sigue callado). El presidente decidió que ya no habría más dimisiones, sino que se aguantarían los chaparrones al mejor estilo rajoyano. Con la doctrina Montón deberían haber dimitido varios ministros, con la praxis posterior no se debería haber forzado la salida de la titular de Sanidad. Sánchez por tanto tiene una deuda enorme con Montón, política y personal, y si está en su mano la saldará con honores. En la Generalitat hubo alegría poco contenida cuando fue reclamada en Madrid. La herencia que dejó en la Comunitat como consellera es bien conocida; bastante desastrosa en planos diversos: acoso al modelo de colaboración público-privada, amiguismo en la designación de cargos, pocos escrúpulos a la hora de arrinconar adversarios, dejó una patata tremenda por los miles de empleos públicos que hay que absorber y otra patata mayor en Hacienda por unos presupuestos literalmente inventados. Pero todo esto poco importa en clave política.
Esta noche tendremos la primera pista para conocer cuándo y cómo tendremos a Montón de vuelta. Dentro de pocas horas conoceremos el resultado de las elecciones andaluzas. Sánchez podrá cotejar diversos indicadores de indudable valor. Si el Gobierno socialista sale fortalecido o no a través del resultado de Susana Díaz, si Ciudadanos sube lo suficiente como para servirle a él más adelante de posible socio parlamentario, si el PP se estrella hasta el punto de que el liderazgo de Casado pueda truncarse antes de madurar. Un test en definitiva que sirve para pensar en la fecha mágica: ¿marzo, mayo u octubre?
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