Gobierno de los jueces

La confusión y la imprudencia salieron a la calle en la medianoche. Aquello parecía una Nochevieja precovid. Multitudes sin mascarilla ni distancia en varias ciudades ante la indignación y preocupación del sector sanitario. Se ha cerrado de golpe el paraguas del estado de alarma que ... ejercía de escudo legal imprimiendo homogeneidad a las limitaciones. Desde que el pasado 9 de noviembre entró en vigor la última prórroga por un periodo de seis meses, sobrevolaba el axioma de que el 9 de mayo se presentaría en el calendario sin que la pandemia hubiera expirado. De manera que había medio año por delante para preparar un marco legal a medida que permitiera una desescalada progresiva en todo el territorio sin poner en aprietos jurídicos a los ejecutivos autonómicos. El propio Pedro Sánchez reconoció hace un año que la legislación ordinaria era «insuficiente». Y así lo han ido reclamando muchas comunidades de distinto signo. La oposición con el PP a la cabeza ha pedido una «ley de pandemias». También socios de investidura de Sánchez como el PNV han estado exigiendo una «legislación puente». Sin embargo, el Gobierno ha optado por la vía taoísta de la no acción. Se ha puesto en el papel de sujeto omnisciente dejando a las comunidades el control de la pandemia a sabiendas de que éstas carecen de competencias para implementar restricciones, como las que pueden afectar a derechos fundamentales, por lo que deberán recurrir a los tribunales autonómicos y al Supremo. Canarias ha sido la primera en hacer esto último. A la espera de conocer si el Alto Tribunal unifica doctrina, sobre la mesa hay diecisiete planes abiertos a múltiples interpretaciones jurídicas. Toque de queda en la Comunitat Valenciana y en Baleares sí, pero en País Vasco y Canarias no. Los jueces no esconden su malestar. En el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que autorizó el viernes las limitaciones del Consell, urgían a una «producción normativa idónea y ad hoc que solvente los problemas interpretativos» y «evite la consecuente contradicción de criterios». Hay más quejas explícitas a la delegación de funciones que está practicando el poder ejecutivo, y por consiguiente el legislativo, sobre el poder judicial. ¿El resultado de este totum revolutum? Un 'gobierno de los jueces' que está aplicando una estrategia contra la pandemia a varias velocidades. Precisamente para evitar esto, en Alemania el Bundestag ha dado luz verde al «freno federal de emergencia». Una medida que amplía las facultades de Angela Merkel para imponer restricciones uniformes -como el toque de queda- a los 'länder' en cuanto la incidencia semanal supere los 100 casos por cada 100.000 habitantes. El ministro de sanidad alemán ha defendido así la nueva norma de las críticas: «No entiendo la lógica de quienes dicen que hay que esperar a que se llenen las UCI». En efecto, pensar y proceder bajo esa lógica pérfida es del todo incomprensible.