Guerra de propaganda por el coronavirus

Estamos asistiendo a una impresionante guerra de la propaganda. Favorecida por la pandemia del coronavirus, un caldo de cultivo perfecto, y por la conjunción planetaria (que diría Leire Pajín) en un mismo gobierno del viejo/nuevo comunista Pablo Iglesias y del publicista de escrúpulos limitados Iván Redondo. El primero quiere cerrar los medios privados, está en su ADN; el segundo sólo quiere comprarlos, como Don Vito, y, si no se dejan, callarlos mediante una oferta que no puedan rechazar. En un lado de la guerra está pues el Gobierno, usando toda la maquinaria del estado a campo libre en las televisiones y recibiendo además suministros de la retaguardia podemita en forma de bulos para expandir en las redes sociales. El primer fabricante de bulos depende directa o indirectamente del Gobierno. En la otra trinchera, a la contra, está la ultraderecha o la derecha radical o la reacción que se decía en otros tiempos, llámeselo como se quiera, y haciendo en las redes sociales exactamente lo mismo que el Gobierno, pero sin acceso a unas televisiones que todavía siguen siendo el mayor órgano de formación de opinión en España.

Y en medio de esta guerra de la propaganda queda el periodismo, menguado, intentando sacar adelante su trabajo con crecientes dificultades. El Gobierno a su vez ha iniciado un hostigamiento a la libertad de información, un plan que no puede ser casual teniendo en cuenta el historial del dúo Redondo/Iglesias. El publicista al que Sánchez ha entregado las llaves de La Moncloa opera como si la presidencia del Gobierno fuera un plató de televisión y ve espectadores en lugar de ciudadanos. Redondo, en anteriores cometidos, demostró que no le gusta la prensa independiente; anuló contratos de publicidad, programas de televisión, cerró el acceso a las fuentes oficiales, preparó dossiers a la carta contra periodistas, presionó para despedir directores, dictó titulares y hasta castigó a funcionarios públicos vinculados a informadores. Ahora se ha asegurado la cobertura favorable de las televisiones con quince millones de euros de ayudas directas, mientras acogota a los periódicos negando desgravaciones fiscales a los quiosqueros o a los anunciantes como se ha hecho en otros países. Es curioso que un gobierno contra las cuerdas, en una crisis sin precedentes, gaste tanta energía en amordazar a los medios de comunicación, en silenciar la disidencia, a no ser que sea muy consciente de su precariedad y busque justamente anular de antemano la crítica para el descalabro que le va a caer encima.

Lo de Pablo Iglesias es todavía más peligroso, porque además de la voluntad de poder que lo asemeja a Redondo, se suma la ideología. El pensamiento del líder de Podemos unas veces es puramente populista, otras directamente totalitario. Sus amenazas a los medios de comunicación privados carecen de raíz democrática, pertenecen a otro ámbito de la acción política. Hemos vuelto a oír las declaraciones no tan lejanas de Iglesias sobre la prensa y conviene explicitarlas y ponerlas en su contexto doctrinal. Decía Iglesias que los medios «son un arma que valen para disparar y nada más... y que la existencia misma de medios privados supone un ataque a la libertad de expresión». O sea, que los medios han de ser públicos por naturaleza y sus profesionales, también. Lo dijo repetidamente, está todo en Youtube. Ahora ya no lo dice, pero lo piensa. Él vincula estas ideas al bolivarismo de Chávez, Maduro, Correa o los Kirchner. Pero en realidad conviene irse más allá. La transformación de la prensa en un órgano público y su inserción jurídica e intelectual en el aparato del Estado viene de 1933, en concreto es un concepto implantado en la Alemania nazi a través de una ley de prensa. El manoseado Goebbels (al igual que Iglesias en lucha constante contra la poderosa prensa burguesa) presumía de haber encontrado «una nueva objetividad» y de «haber sacado a los periodistas de la dependencia humillante de los grupos de poder económico y les hemos proporcionado una dependencia honrosa y leal al Estado». Goebbels. Todo esto acabó viniendo a España en su espíritu años después, a través del señor Serrano Súñer y la oprobiosa Delegación Nacional de Prensa y Propaganda. De esas fuentes bebe Iglesias, aunque también de otras, que acaban siendo la misma. Fue su admirado Lenin («un genio») el primero que prohibió los periódicos no bolcheviques días después de dar un golpe de estado antidemocrático («deforman los hechos con ánimo calumnioso») y principió el fin de la libertad de información: «La libertad de prensa es un limbo liberal que oculta la libertad de los poderosos para envenenar los cerebros». Eso son sus avales, que sin embargo concuerdan poco con su experiencia personal. Porque Iglesias le debe todo a las televisiones privadas, que le dieron voz y fama, lo que le permitió después ser rico y poderoso. Iglesias no quiere practicar con los medios la liberalidad que los medios tuvieron con él; muy definitorio del personaje.

La relación de ataques recientes y continuados a la libertad de información carece de antecedentes desde la muerte de Franco. Suárez aguantó el chaparrón de la prensa con estoicismo. González fue un seductor que favoreció a unos y se ganó la hostilidad de otros. Aznar y su desdén estratosférico era un avinagrado con los medios de comunicación. Zapatero un perrito zalamero con mucha capacidad de encaje. Rajoy sencillamente ignoraba a la periodistas, vivía al margen de ellos, antes y después del plasma. Ahora estamos ante algo nuevo. No es sólo Iglesias. En Moncloa se impuso primero una censura previa en las preguntas al presidente y después han rebajado drásticamente la participación de los periodistas más expertos en cuestiones gubernamentales. Han cerrado el Portal de Transparencia, que es una obligación legal, pero así no nos enteramos de quién está recibiendo los suculentos contratos del coronavirus. El CIS de Tezanos manipula preguntas, asemejando los medios profesionales a las redes sociales y los bulos de origen partidista con las noticias contrastadas. Un ataque sistemático y sostenido, en resumen. Y la pregunta final que cabe hacerse es si los lectores de LAS PROVINCIAS, o de cualquier otra cabecera, tienen derecho a recibir una información veraz suministrada por un medio de su confianza y una opinión identificada con su sistema de valores o el gobierno de Iglesias y Redondo pueden acabar condicionándolo o alterándolo, como hicieron las ideologías más siniestras del siglo XX.