¿Y si hablamos de peajes?

Pagar por usar las carreteras, al igual que se hace con el avión, el barco o el tren, y teniendo en cuenta que están abiertas las 24 horas del día, siete días a la semana? ¿O que sean gratuitas, como sucede en la actualidad, con la excepción de las autopistas de peaje -que en el caso de la Comunitat Valenciana acabó con la liberalización de la AP-7 el pasado 1 de enero-? Son las dos preguntas que surgen de cuando en cuando en el debate sobre las infraestructuras y su uso y que precisamente esta semana ha desempolvado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en un coloquio organizado por 'El Español'.

No es la primera vez que lo hace («La financiación de las carreteras es un debate que se tendrá que hacer», declaró en una entrevista con este periódico en diciembre del año pasado). También se habló del tema el pasado junio, durante una intervención en el Senado (entonces se apeló a un pago «simbólico»), y en un encuentro que el ministro mantuvo con las grandes constructoras a comienzos de año, antes de la pandemia de Covid.

La propuesta de un peaje viario resurge en un momento en que se sigue negociando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que contemplan 1.240 millones para conservación de carreteras, un 58% más que lo previsto en 2020, de los que 112 vendrán para la Comunitat; y cuando se habla (y mucho) de los fondos europeos para la reconstrucción, a los que el sector de la obra pública y la construcción se encomienda para lograr mayores inversiones de las contempladas en las cuentas estatales para el próximo año.

Dos aspectos, conservación e inversiones -léase nuevas infraestructuras-, que son clave para entender un debate que se arrastra desde la anterior legislatura, cuando Ábalos apuntó aquello de que «nada es gratis total» para abrir la puerta a constituir una subcomisión de trabajo en el Congreso que abordase este tema, que no llegó a cuajar.

¿El motivo? Esa tasa finalista, que se aplicaría a las vías de alta capacidad (autovías, por ejemplo) permitiría abordar la financiación de infraestructuras (no sólo viarias, también sanitarias, educativas, hidráulicas, etc.), ya que no queda cubierta con los Presupuestos, así como los costes de conservación de las carreteras, muy deficitarios en España. Así lo ha alertado de forma reiterada la Asociación Española de la Carretera. En concreto, 7.500 millones (marcas viales, balizamiento, señales, pavimento) en el conjunto nacional y unos 625 millones en la Comunitat (cálculo de la Cámara de Contratistas).

No hay un 'cómo' definido ni un coste, aunque entidades como Seopan hicieron estimaciones en un estudio (entre 9 y 19 céntimos de euros según fuera un turismo o un camión), pero sí un 'quién', ya que con la recuperación del debate Ábalos introducía un matiz: pagar en función del perfil del usuario. Es decir, discriminar entre los ciudadanos que circulan por las vías para ir a su lugar de trabajo de las actividades económicas que se benefician de las infraestructuras públicas, en clara referencia a las empresas de transporte de mercancías y viajeros por carretera.

De momento, es tan sólo una idea que va y viene. Pero el Gobierno prepara una nueva ley de movilidad y podría dar el paso de incluir ahí la tasa por el uso de las carreteras o, cuanto menos, impulsar de nuevo un debate con todas las voces implicadas. Un debate «pacífico y racional» , decía el titular de Transportes hace unos días. Y. en lo posible, con todas las administraciones, porque no todas las vías de alta capacidad son nacionales.