Honorabilidad restablecida

Cinco años después de una macrooperación policial al más puro estilo de Hollywood que se saldó con la detención de la entonces intendente del Palau de les Arts, la desaparecida Helga Schmidt, los otros implicados en el caso han quedado absueltos de las acusaciones de corrupción que sostenía el fiscal, Vicente Torres, y que inicialmente le llevaron a solicitar unas penas de 7 años de cárcel para a la hora del juicio –con otro fiscal– rebajarlas. La Audiencia de Valencia sencillamente no se ha creído el relato que construyó el ministerio fiscal y que se basaba en que los acusados (Ernesto Moreno, José Antonio Noguera Puchol, Joaquín Maldonado y Pablo Broseta) habían utilizado una empresa –Patrocini– para a través de la organización del festival Viva Europa beneficiarse de manera ilegal de fondos públicos procedentes del auditorio valenciano. Nada de todo ello ha podido ser probado. Y la pregunta que surge a continuación es inevitable: ¿quién les devuelve ahora a estos hombres que se sentaron en el banquillo una honorabilidad que fue puesta en duda por quienes los acusaron, juzgaron y condenaron sin tener en cuenta la presunción de inocencia y sin base legal para hacerlo tal y como ha quedado demostrado?

El demoledor efecto que para la vida y el prestigio de las personas tiene la llamada pena del banquillo no sólo afecta, como se intenta hacer ver de manera interesada, a los medios de comunicación a la hora de informar sobre cada caso sino también a los fiscales que acusan y presentan casos que –como éste– son totalmente desmontados por los jueces, así como a los representantes políticos, que desenfundan con una rapidez inusitada el revólver de las declaraciones explosivas y de las acusaciones sin fundamento. Los ahora absueltos –figuras algunas de ellas muy conocidas en Valencia, intachables y de una enorme relevancia social y profesional– han padecido un calvario que ha durado nada menos que cinco años, durante el que han tenido que soportar el escarnio de ser puestos como ejemplo de personalidades de la sociedad civil que se habrían beneficiado de la corrupción, cuando no fue así. Los que durante todo este tiempo han puesto en duda su buen nombre y no han pestañeado a la hora de señalarlos como unos apestados públicos deberían ahora ser capaces no sólo de reconocer su error y de pedir disculpas sino de admitir el daño causado con este gigantesco montaje.