En la visita de Feijóo a Valencia pareció más importante el encuentro con los empresarios que con los usuarios de los programas sociales de Cáritas. Los populares están preparándose para gobernar y no solo quieren hacerse la foto con los empresarios sino con las entidades ... de servicios sociales. Estas iniciativas podrían completarse con otras de mayor calado para desmontar con argumentos el acelerado camino hacia la pobreza al que nos dirigimos de manera imparable. Un camino en el que no puede ir por un lado la Economía y por otro la política social, como si lo primero fuera nuclear y lo segundo tangencial.
Para transitar este camino, sería bueno que Feijóo lea el informe que la 'Autoridad independiente de responsabilidad fiscal' (AIReF) acaba de publicar. Lleva por título 'Primera Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV)' y analiza la aplicación en España de esta prestación aprobada en pleno confinamiento, en la primavera de 2020. Está muy bien hecho y es una clara muestra de que hay expertos en responsabilidad fiscal y financiera que no han visto a un pobre en su vida, que no han sudado la camiseta con ninguna organización cívica para ayudar a la gente en las chabolas y que sus aprendizajes 'tecno-científicos' se realizan sobre 'datos' de agencias oficiales sin mirar a la cara a personas descartadas sin posibilidad para desarrollar sus 'dotes'.
El informe recuerda que la Ley del IMV incluía la obligación de su evaluación periódica. Ahí se sitúa esta primera opinión de la AIReF que la considera ineficaz 'porque ha desplegado solo una parte de su potencial' (p. 7), «porque tiene capacidad limitada para reducir la pobreza» (p. 40) y porque exige responder a una pregunta: «¿por qué el 57% que podrían recibir esta ayuda no la solicitan, aunque cumplan los requisitos?». Sobre esta pregunta gira gran parte de este brillante estudio que, además de levantar acta del fracaso, propone iniciativas en la aplicación administrativa del IMV, no para luchar contra el empobrecimiento. A los pobres se les pedía ordenador para tramitarla, conocer la selva de una administración digitalizada y despersonalizada, tener certificado de empadronamiento, renta y patrimonio. Como el 73% de las solicitudes se rechazaron, las administraciones han tenido que 'relajar' los criterios, además los primeros meses se tardó una media de 150 días en concederlas. Estos despropósitos de gestión se han ido arreglando, pero no afrontan el problema de raíz. El documento pide reforzar el intercambio de datos en los servicios públicos y algo tan obvio, sencillo y revolucionario como 'interoperatividad entre administraciones'... ¡Feijóo tiene trabajo!
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