Una inversión proporcional

Pero, en este sentido, la pandemia también fue una oportunidad de recomponer esa relación que, en términos generales, pasaba por la victoria de la concertada sobre la conselleria en los tribunales. Se juntaron la conveniencia política por buscar una salida a la judicialización, la responsabilidad institucional de los involucrados y el momento dramático provocado por una pandemia.

A muchos lectores se les habrá pasado por alto que acaban de renovarse los conciertos, también, de Bachillerato. Muchos, también recordarán lo sucedido en el anterior procedimiento, en 2017, que llenó las calles de una marea blanca de protestas.

En este tiempo de pandemia la gestión ha sido complicada: la política y la escolar, y en torno al Foro Educativo, la relación entre Administración y concertada ha sido leal y colaborativa.

Lo que cambia no es que ahora sea más fácil sino que ahora la situación es más seria, lo cual invita más a trabajar desde la intersección de las opiniones, desde los puntos en común, que buscar la distancia insistiendo en las diferencias.

No es extraño, pues, que tanto el conseller Vicent Marzà como el secretario autonómico, Miguel Soler, participaran en el congreso del sindicato FSIE de este fin de semana. FSIE es el sindicato mayoritario, muy mayoritario, en la enseñanza concertada valenciana, con una capacidad de movilización en su ámbito como puede ser el sindicato Stepv en la escuela pública.

Por eso, es interesante quedarse con una reivindicación que surgió en dicho congreso: la igualdad de recursos con la pública a través de una cláusula de proporcionalidad basada en el número de alumnos escolarizados.

En la Comunitat Valenciana, no así en otras autonomías, existe la homologación retributiva por la cual las mejoras salariales en la pública se aplican también en la concertada. Ahora que la conselleria ha anunciado la reducción de la carga lectiva del profesorado, el sector demanda hacer lo mismo en la concertada.

No es sencillo, sobre todo porque interviene un tercer agente, la empresa, que es quien contrata, y la relación laboral se rige por convenio y no según la contratación pública. Cuantifica FSIE que esta aplicación supondría un 10% más de horas en pago delegado en Primaria y casi un 30% en Secundaria.

Esto de la reducción de la carga lectiva, tanto en la enseñanza pública como en la concertada, da para un análisis propio, porque supone, en un momento de debate sobre mantener el refuerzo presupuestario hecho contra la pandemia, destinar más presupuesto para alcanzar las mismas horas de docencia.

La cláusula de proporcionalidad sería el paso lógico de la visión de la conselleria de que la planificación del sistema no distingue entre titularidades, de tal forma que si la oferta de ambas redes se complementan y no compiten, la inversión debería seguir el mismo principio. Se invierte en los alumnos de los centros y no en sus titulares. Ni solo la pública es de todos, ni la concertada solo se justifica por ser más barata.