Los jueces no son epidemiólogos

Pauta común es que, como en tantos casos en los que las decisiones judiciales son contrarias, los cargos públicos que ven frenadas o reducidas sus disposiciones, proclamen eso tan conocido de que «respetamos la sentencia, aunque no la compartimos». Curiosa forma de exteriorizar su rechazo. ¿Cómo no iban a respetarla? ¿Y de qué les sirve no compartirla?

Una de las últimas sentencias incide en un terreno que potencialmente puede resultar escabroso. Consiste en proclamar que los jueces no son epidemiólogos, lo que resulta una verdad de perogrullo, porque ya lo sabíamos de sobra. Quiere decirse que no es necesario ni obligatorio que un juez sea epidemiólogo, que lo puede ser en algún caso, como tampoco se exige tener particulares conocimientos de carpintería o de ingeniería aeronáutica, y no por eso se limita su capacidad para juzgar cualquier asunto. Porque de lo que ha de entender bien un juez es de leyes y de su aplicación, y de eso examinan en las oposiciones a la judicatura.

Es comprensible que, cuando un político o un funcionario público determina cómo proceder en tal materia de su competencia, como ahora ocurre en el caso de la pandemia, y a renglón seguido se ve corregido por un juez, estalle decepcionado y llegue a cuestionar los conocimientos epidemiólogicos del togado para llegar a contradecir las decisiones administrativas.

Sin embargo olvidan políticos y funcionarios que las medidas que hayan implantado o quieran imponer, y que en su caso puedan ser rebatidas por un juez, coartan en mayor o menor grado las libertades de los ciudadanos, y es justo que los afectados lo rechacen y busquen amparo judicial a sus postulados, encontrándolo en muchos casos. A lo peor resulta que, entre la inmensa maraña de leyes y normativas que nos regulan y limitan a diario en todos los órdenes, nos perdemos sin remisión, y a la hora de la verdad faltan reglas claras y concisas para las grandes ocasiones. Como esta de la pandemia. Pero lejos de haberse puesto a la faena, con una ley que establezca claramente cómo proceder y cómo obligar en este caso y en cada circunstancia, lo dejan pasar, cada autonomía decide por su cuenta, el Gobierno central se lava las manos y cuando el asunto se tuerce sueltan que los jueces no son epidemiólogos. Que es verdad. Pero también lo es que al que gobierna donde sea le gustaría que los gobernados fueran siempre sumisos a rajatabla, aunque vengan mal acostumbrados de partida.