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Dice Pedro Sánchez que estamos ante «la mayor crisis de nuestras vidas». En una larga comparecencia de sobremesa para anunciar otros quince días de estado de alarma por el coronavirus -habrá más, pero menos estrictos- y el final del cuestionado parón de las actividades consideradas no esenciales que expira el día 9, apeló a la unidad de todos los partidos políticos para reeditar los pactos de la Moncloa de 1977 y reconstruir la economía.
«El enemigo es el Covid-19» y, para hacer oposición, «ya habrá tiempo», sentenció el presidente del Gobierno, a la semana de provocar un inusitado estallido en el empresariado valenciano contra la gestión económica del coronavirus. Por un parón de la actividad con «efectos devastadores sobre el empleo y la economía», en palabras de la Asociación Valenciana de Empresarios que, tras la prohibición de despidos, recalcó que «no es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la ética de los empresarios y autónomos que, ante esta situación excepcional, están trabajando duramente para mantener la actividad y el empleo y para asegurar la supervivencia de sus empresas».
Nadie discute que la prioridad es frenar la expansión del virus, pero más de uno parece estar ya tomando nota para cuando llegue el momento de ajustar cuentas sobre el camino elegido por el Ejecutivo del PSOE y sus socios de Podemos para hacerlo.
Empresarios y expertos de distintos ámbitos advierten de que no se puede legislar de espaldas a las empresas, como si los trabajadores a los que se asegura proteger no formasen parte de ellas o su empleo no dependiese de la supervivencia del negocio. Por el bien de todos, cuanto antes, políticos, empresarios y sindicatos deberían estudiar, juntos, los límites de una crisis que afecta a todos los sectores. Y analizar, por ejemplo, hasta dónde llegar con las medidas económicas, ahora y cuando esto pase, cómo pagarlas o si limitar las ayudas a quienes puedan acreditar que facturan un 75% menos por el coronavirus es suficiente para evitar una pérdida, difícil de recuperar, de pymes y de esos autónomos a los que cobraron, puntuales, la cuota de marzo.
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