Ya está. La decisión se ha tomado. El Gobierno, tal y como estaba presvisto, ha dado la puntilla al travase Tajo-Segura. El Consejo de ... Minitstros del martes certificó la reducción de la transferencia que supondrá que llegarán a unos 110 hectómetros cúbicos menos de agua al sur de Alicante, Murcia y Almería.
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Los regantes rechazan el recorte y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha anunciado su intención de llevar a los tribunales la decisión del Ejecutivo central. En la misma línea se han mostrado el Gobierno murciano. La Generalitat, por su parte, ha mostrado su «moderada satisfacción».
Fuentes del Consell basan esta relativa satisfacción en el hecho de que el ministerio establece una comisión de seguimiento de la situación de las cuencas del Tajo y Segura y fija una nueva planificación en 18 meses. Las mismas fuentes señalan que se han escuchado en parte sus alegaciones. También han amenazado con nuevos recursos ante los tribunales si no se respetan las condiciones. De hecho, han encargado un informe sobre la viabilidad de recurrir el decreto aprobado por el Gobierno.
Para tratar de frenar la polémica y las quejas de los agricultores, la Generalitat se ha sacado de la manga una nueva ayuda al agua desalinizada. A los regantes valencianos esta les costará diez céntimos menos gracias una subvención del Consell lo que pondrá el precio del metro cúbico en 0,24 céntimos, diez menos que el precio fijado por el Ministerio, en 0,34. Es el as en la manga del que dispone Ximo Puig para calmar los ánimos. Pero poco podrá hacer ante la indignación de los beneficiarios del trasvase.
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Aún así los regantes califican de tibia la posición que ha adoptado la Generalitat Valenciana, exigen más garra al Consell y muestran su desilusión con la postura del Ejecutivo valenciano. «No quiere guerra del agua pero ahí estamos, en los tribunales», manifiestan fuentes de los agricultores.
Interpretan, por otra parte, que el Gobierno ha intentado lanzar un salvavidas a Puig a sólo cuatro meses de las elecciones autonómicas con la inclusión en el decreto de dos disposiciones en la que se propone crear una comisión biltareal para estudiar los caudales. «Son papel mojado», argumentan los regantes.
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Lo que está claro es que las nuevas condiciones no han gustado nada a los agricultores que trasladarán su lucha hasta los tribunales. Y es que si se cumplen las previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica la reducción en las aguas del trasvase pueden suponer una merma de la mitad de la cantidad de agua que llega ahora lo que tendrá una grave influencia en los cultivos ribereños.
El Gobierno ha impuesto las tesis de Castilla-La Mancha lo que ha demostrado que su capacidad de influencia en el Ejecutivo es mucho mayor que la de la Generalitat Valenciana. De hecho, Emiliano García Page tardó poco tiempo en manifestar su alegría tras anunciar Ribera la resolución
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El Ministerio para la Transición Ecológica quiere ahora sustituir el agua del trasvase por agua desalada. Este intercambio se encuentra con la férrea oposición de los regantes. Por un lado, alegan la cuestión de la calidad del agua ya que la desalada no se puede emplear directamente en el riego. Por otro, es demasiada cara, aún con la subvención que se ha sacado de la manga la Generalitat.
En definitiva, el Gobierno ha dado un hachazo al trasvase y ha puesto en un compromiso al Consell a cuatro meses de las elecciones. Tiene poco tiempo para reaccionar.
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