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El concejal de Compromís Pere Fuset está siendo víctima de la hipocresía de su propio partido. En un asunto como el del accidente de Viveros, con la muerte de un trabajador, resulta discutible con alguien deba dimitir por un procesamiento. Es cierto que el juez aprecia indicios de criminalidad en la actuación del edil. Pero conviene siempre mantener la presunción de inocencia. No es la primera vez que dirigentes de otros partidos que arrastraban acusaciones gravísimas, estas terminaron diluyéndose como el azúcar en un café. Especialmente grave fue el caso de la exgerente de FGV, Marisa Gracia, que se acostó un día con la amenaza de siete años de cárcel y al salir el sol, cuando acudió al juzgado, le retiraron la acusación. Ojo. De siete años a cero sin que nada hubiera cambiado. Tras este antecedente es casi imprescindible extremar la cautela. Y la receta vale para todos los comensales, ya sea dirigentes del PSPV, del PP, de Ciudadanos y de Compromís. Pero claro, el pasado de la formación nacionalista invita a todo menos a ser 'limpio' con alguien que se ve salpicado en un procedimiento penal. Porque la memoria es todavía reciente en la campaña de acoso y derribo que sufrió Rita Barberá a costa de los gastos de representación como alcaldesa. Elevados, puede. Pero asunto diferente es que fueran ilegales. Con esos antecedentes como para pedir ahora al PP o a Ciudadanos algo de moderación con el bueno de Fuset. Asunto aparte merece el respaldo de Joan Ribó a su compañero. Dice que lo mantiene en el puesto porque no le ve responsable del suceso. Ese argumento puede valer para cualquier cargo y situación. Incluso para una sentencia condenatoria. El alcalde podría seguir proclamando que no lo ve responsable. Como si eso tuviera alguna trascendencia.
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