Neutralidad constitucional

Con la excepción de los independentismos vasco y catalán más virulentos, los partidos democráticos españoles con representación parlamentaria -sin incluir a Vox- no tienen la menor pretensión de producir un cambio de régimen. Es una iluminación infundada la tesis de que la coalición de gobierno estaría en disposición de pactar con el soberanismo catalán la ruptura de España, como lo es asimismo la de que Unidas Podemos alienta la secreta pretensión de traernos un régimen bolivariano, en el supuesto de que alguien sepa a estas alturas en qué consiste tan fracasado y pintoresco modelo. No faltan quienes aseguran que el Gobierno socialcomunista (otros lo llaman frente popular para tratar de resucitar viejos y difuntos fantasmas) no pretende otra cosa, pero la realidad es la que es, y si ya sabemos que el PCE fue en su día un cooperador necesario para la construcción constitucional del régimen vigente, no hay ningún síntoma de que los herederos de aquellos impulsos, vayan a intentar salir del marco europeo y de sus características, que se resumen en los conocidos criterios de Copenhague de 1993, que ha de cumplir cualquier país tercero que aspire a ingresar en la UE.

Sea como sea, el asunto, impulsado por las declaraciones de Iglesias con respecto al artículo 128 CE que asegura enfáticamente que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general», está en candelero, aunque los especialistas hayan explicado que una interpretación sistemática de este articulo obliga a conectarlo con el 33 C.E. que reconoce la propiedad privada, con el 38 que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y con los Tratados de la Unión que fijan ineludiblemente un sistema parlamentario basado en la economía de mercado, la libre competencia y las libertades llamadas burguesas.

En este debate ha mediado con oportunidad Santiago Muñoz Machado para explicar que el saldo final de la Constitución vigente es la neutralidad «respecto del equilibrio entre lo público y o privado», de modo que «las fuerzas políticas que dispongan del poder puedan desarrollar toda la gama de políticas económicas: desde las liberales hasta las socialistas. Es decir, que cada opción política puede elegir la 'cantidad de Estado' que postula para la economía nacional, aunque sin destruir el mercado, que es un principio constitucional del que no puede prescindirse dado su carácter esencial para el ejercicio de la libertad de empresa». Y en ello estriba la grandeza de nuestra Carta Magna, que ha podido cobijar sin esfuerzo hasta ahora todas las sensibilidades sensatas.