En el pantano
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El Gobierno sigue sin desatascar la ampliación norte, las ayudas a la cerámica o la crisis diplomática con ArgeliaDemora. Otro mes ha pasado, y ya van dos, desde que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) diera luz verde al proyecto constructivo del muelle de la terminal de contenedores en la ampliación norte y continuara así con una ... tramitación pendiente tras más de tres años de confrontación bajo el paraguas de Compromís y Podemos, socios de gobierno del PSPV. La pelota pasaba al tejado del Consejo de Ministros, que ahora debe dar el visto bueno a la licitación de las obras. Pero, insisto, dos meses han pasado ya desde el último movimiento de ficha de la APV, con un Aurelio Martínez que, «cansado de dar plazos», asegura que lo «más sensato» es esperar pacientemente a que el Gobierno central se pronuncie. Sobre esto y sobre la resolución judicial del TSJ de Madrid que deja en suspenso que el puerto sea el organismo competente para decidir sobre la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Una maraña de decisiones, o un «pantano judicial» como decía hace unos días el alcalde Ribó -que también advertía de que el proceso iba a ser largo-, que hace preguntarse si el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a decir esta boca es mía en los próximos meses dada la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas. Sí, se recurrió el fallo del TSJ. Sí, han frenado PNL independentistas en el Congreso contrarias a la infraestructura valenciana. Pero tanto al Gobierno como a la Generalitat les ha faltado más determinación a la hora de pronunciarse sobre la ampliación norte, más allá de decir aquello de que hay que encontrar «el equilibrio entre sostenibilidad y crecimiento». Como decía, dos meses y las obras siguen sin licitarse.
A la espera. Más de treinta días han pasado desde que el presidente Sánchez anunciara un paquete de ayudas de 450 millones para el sector azulejero, ahogado con los sobrecostes energéticos que arrastran desde hace más de un año. Un dato: la provincia de Castellón encabeza el número de trabajadores afectados por un ERTE en el balance de desempleo del pasado enero y, además, la Comunitat suma cerca del 18% del total nacional de empleados en esta situación. Pero el Gobierno sigue sin concretar ni los requisitos y los plazos o el cómo se articularán las ayudas. De ahí que los sindicatos han topado (ahora que es palabra de moda) su paciencia y fijan el día 14 como fecha límite para tener hechos sobre la mesa o anuncian movilizaciones.
Silencio. Y casi siete meses llevan las empresas valencianas con intereses en Argelia esperando a que, de nuevo el Gobierno, se desbloquee la crisis diplomática y puedan retomar sus negocios. Muchas temen haber perdido ya sus inversiones allí, cifran perdidas del 30% en su facturación. Otro pantano que Sánchez parece no querer atravesar.
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