Papá, que son 6.000 €

Han hecho campañas de concienciación, de prevención, de información sobre el Covid-19 y aún no ha sido suficiente para que paguemos todos por la irresponsabilidad de unos pocos. El ejemplo de la fiesta del Colegio Mayor Galileo Galilei es la oportunidad perfecta para sancionar a todos los participantes, sus organizadores, así como los responsables de las instalaciones. Ha provocado la suspensión de las clases presenciales en la Universitat Politècnica de Valencia como consecuencia del brote del Covid-19. Lo único que funciona con esta parte de la población es el cumplimiento de las sanciones derivadas de la aplicación del Decreto ley contra los incumplimientos de las medidas de prevención del Covid-19. Debemos llegar al punto en el que estos irresponsables reciban sanciones modélicas, de las que pican el bolsillo, para que cunda el ejemplo y se corra la voz de que hay que pensar dos veces antes de montar una fiesta ibicenca, o de cualquier tipo. He visto los videos de esa chavalada que se cree impune al virus, con abrazos, compartiendo botellas de vino a morro, copas, bailes y arrumacos sin límite alguno, inmersos en el festival del contagio. De la fiesta a casa, contagias a los abuelos y que Dios los tenga en su gloria.

Se me hace difícil pensar que el director del centro no tuviera conocimiento de la fiesta ibicenca en la terraza del Colegio. Tampoco creo que, de saberlo, hubiera permitido la celebración. Pero la responsabilidad va en el sueldo así que, en pleno inicio de curso y con un nicho de jóvenes que no piensan en las consecuencias de llevarse el virus a casa, está en su responsabilidad el haber activado todas las alarmas posibles para detectar cualquier tipo de celebración. No es de recibo que se reúnan tantas personas en una azotea con botellas, refrescos, hielo, vasos y sesión de música, sin que nadie se percate ni antes, ni durante la celebración.

No quiero creer que, por estos irresponsables, lleguen a confinar en un futuro la ciudad de Valencia. Por suerte, la investigación ya está abierta tras solicitarlo la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para determinar las responsabilidades correspondientes.

Hemos oído estos días en la radio, los testimonios directos de alumnos de la Universidad que han contraído la enfermedad y que ahora se lamentan de lo sucedido. Se les oye con buenas palabras, arrepentidos incluso. Se les percibe como buena gente, que seguro que lo son. Pero mejores personas llegarán a ser, si papá o mamá se ven en la obligación de pagar una sanción de 6.000 €.