Parar el trasvase a cualquier precio

Es como el lento goteo del agua sobre una piedra. En un primer momento no parece que pase nada, pero a medida que el tiempo avanza, día tras día, la superficie se va horadando hasta que el agua se abre paso y lo que carecía de importancia se convierte en un río amplio y caudaloso.

Sirve la comparación para escenificar lo que está sucediendo con el trasvase Tajo-Segura. El Gobierno no se atreve a derogarlo por las bravas, como ya hizo con el del Ebro, pero poco a poco, decisión tras decisión, socava sus cimientos para provocar que caiga por su propio peso y sin casi llamar la atención.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no esconde su postura que dejó bien clara este verano. «Es ilusorio», decía la también vicepresidenta en una entrevista, pensar que existe «un derecho o facilidad para desplazar grandes volúmenes de agua de la España húmeda a la seca». Y añadía: «Uno no tiene derecho a tener una montaña o vistas al mar si vive en el centro y algo parecido ocurre con el agua». Toda una declaración de intenciones de la responsable última de la política hídrica española.

Ante ello no puede extrañar, mas bien lo contrario, que el ministerio que dirige tome decisiones como la de la pasada semana por la que únicamente se autorizó un trasvase de 13 hectómetros cúbicos al Segura cuando la situación de los pantanos del Tajo permite, según la legalidad vigente, hasta 20. No es la primera vez que los usuarios se enfrentan con este Gobierno a una reducción arbitraria del caudal sin estar avalada por razones técnicas.

Es otra gota más. De esta forma el trasvase languidece con las graves consecuencias económicas y sociales para el sur de la Comunitat. Desde la Diputación de Alicante y otras instituciones, partidos y entidades reclaman al Consell que recurra ante los tribunales.

El Ejecutivo valenciano ha anunciado la interposición de recursos judiciales. Pero regantes, agricultores y afectados echan en falta más vigor en la respuesta, que vaya más allá de declaraciones grandilocuentes. No hay por ahora ninguna muestra de la presión política que sí se ejerce con otros temas que se consideran vitales para la Comunitat. Y este lo es.

Además, el trasvase está amparado por la legislación. En 2013 se aprobó un memorándum por consenso con unas reglas claras en las que se fija cuándo, cómo y cuánto se puede trasvasar en cada momento. Y como cualquier otra norma está para cumplirse.

A principios de siglo, tras la derogación del trasvase del Ebro por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se desató la conocida como 'guerra del agua'. Fue un auténtico clamor que exigía soluciones claras a la falta de recursos hídricos en el este peninsular.

Casi 20 años después las necesidades siguen siendo las mismas. Las soluciones que se han aportado hasta el momento no han funcionado. Las desalinizadoras no trabajan a pleno rendimiento -en muchos casos porque no están acabadas las obras de conexión o se ofrece el agua a unos precios inasumibles para el usuario-. El trasvase Júcar-Vinalopó lleva casi siete años paralizado después de una inversión cercana a los 300 millones.

Y ahora se pone en cuestión una de las infraestructuras que lleva 40 años funcionando y que ha generado riqueza y prosperidad. El trasvase parece condenado a la desaparición por medio de una estrategia que huye de las estridencias, de los golpes encima de la mesa, pero que tiene un propósito bien claro. Y, mientras, desde la Valencia social y política no hay más que silencio.