LA LEY PARA LOS PIES AL CONSELL

La lista de damnificados de Pedro Sánchez es larga y diversa, como comprobaremos hoy mismo en la plaza de Colón; otra vez será Madrid el rompeolas machadiano de las Españas («tú sonríes con plomo en las entrañas»). Entre las víctimas del gobierno socialista figuran sin duda Ximo Puig y Mónica Oltra, o sea el tripartito botánico al que el sanchismo ha colocado en el mismo precipicio, muy cerca de despeñarse en mayo por poco que el viento de Vox levante algo más su vuelo. La muchachada de Puig y Oltra, que tanto celebró la moción de censura, debe haberse percatado ya de que aquello activó su cuesta abajo y que sin duda contra Rajoy vivían mejor. Porque la izquierda siempre vive mejor cuando va contra alguien, el que sea, cuando se recrea haciendo oposición, la que sea. No es sólo por lo que les pueda pasar en el futuro, en fin, que Mónica Oltra tenga que sacar del armario sus viejas camisetas guerreras si pierde la vicepresidencia. O que Sánchez propicie la caída del poder de Puig en la Generalitat primero y en el PSPV después (un juego que va a probar antes en la cabeza de Susana Díaz, tantas ganas tiene al uno como a la otra). No es por lo que les pueda venir, siendo grave, sino por lo que les ha perjudicado ya. Porque en estos ocho meses los ha dejado sin agenda propia, paralizados, sin discurso y sin proyecto. Apagados, en modo off. Lo que no ha conseguido la oposición del PPCV y de Ciudadanos lo ha logrado Pedro Sánchez por una parte y los tribunales por otra (enseguida lo contaremos). No es que el tripartito se haya callado de repente, de vergüenza por ejemplo a cuenta de la nueva financiación prometida por el partido socialista y negada ahora que les toca cumplir. El tripartito se ha vuelto afónico de golpe, no porque hayan optado por silenciarse, no, sino porque nadie oye lo que dicen, ni en Madrid ni en Valencia. Desde que Pedro Sánchez habita en la Moncloa, al Palau se he han averiado los altavoces. Y ante esa tremenda debilidad del aparato gobernante, lo que importa y de lo que se habla en Valencia o en Alicante es de política nacional. Y de Cataluña. Y ahí, ay, el Consell es como si tuviera una de esas dolencias íntimas que se sufren en silencio. Y cuando uno está así, ay, ya ni le sale disimular con el blablabla del 'rescate a las personas' o la 'primavera o renacimiento valenciano'. No tienen cuerpo ahora para poesías y primaveras. Y eso que mayo está a la vuelta de la esquina.

Esa es la primera paradoja, el Consell botánico víctima del fuego amigo. La otra paradoja les viene de otro frente no esperado, los reveses que vienen recibiendo de los tribunales de justicia, antes objeto de su admiración, cuando jueces y fiscales encendieron todos los focos contra la corrupción pepera en la Comunitat Valenciana. Esos mismos tribunales, salvo penosas excepciones individuales, están sirviendo ahora como muro de contención frente a los excesos y abusos del tripartito a la hora de poner en práctica sus prejuicios o medidas más sectarias. El imperio de la ley se defiende mal que bien de los intentos de vulnerar los derechos de una parte importante de la población. El tripartito en lugar de sentir bochorno y rectificar, se lo ha tomado con perplejidad. Recordemos cuando Oltra perdió los papeles y pidió a los jueces del TSJ que se presentaran a las elecciones porque a ellos ningún tribunal le tuerce sus políticas; luego hasta el Constitucional avaló las sentencias de los juzgados valencianos. Oltra no estuvo sola, Àgueda Micó, el diputado Nadal y otras eminencias jurídicas dieron rienda suelta a su santa indignación. Era la misma música que oímos antes en boca de sus adversarios políticos. Se callaron cuando percibieron su soledad, el recelo social y la cháchara sin fondo de sus acusaciones al sistema judicial, cuya independencia es básica para preservar el estado de derecho.

Esta misma semana les ha llegado el último golpe de los tribunales a sus maniobras, por prohibir a los alumnos de las universidades privadas hacer prácticas en los hospitales públicos. Primero el TSJ y luego el Constitucional han tumbado aquella norma presentada a bombo y platillo por Carmen Montón y el independentista Vicent Marzà. Aquello ni había por donde cogerlo ni respondía a razones objetivas, más allá de la ideología. Parece que la exconsellera Montón va a ser rehabilitada de inmediato con un puesto en la candidatura al parlamento europeo, tras su dimisión ministerial por un master en la Universidad Juan Carlos I al que no había asistido y que finiquitó con un trabajo fin de proyecto plagiado. Ambas razones serían suficientes para dejarla en barbecho, pero hay más. También fue sancionada por no facilitar a la oposición las cifras de las listas de espera y tuvo otro aviso serio por bloquear la información sobre la contratación de la gerente de La Fe. Por no hablar de los agujeros múltiples que dejó a su sucesora Ana Barceló; decenas de enchufados, crisis con diversas concesionarias, coste desbocado de las reversiones, incorporación de miles de nuevos empleos públicos y presupuesto de ingresos inflados y por tanto falso.

El otro gran infractor del Consell es el titular de Educación. Los tribunales impidieron la violación planificada y sistemática de los derechos de buena parte de los alumnos, tanto por el acoso a los centros concertados como por el ataque a la enseñanza en castellano. Marzà no se quitará nunca de encima esta mancha (cuarenta condenas judiciales, que se dice pronto), aunque gracias a algunos medios de comunicación (pocos), la reacción social en la calle y los tribunales se bloqueara un proyecto de inmersión similar al que el independentismo ha llevado a cabo en Cataluña durante décadas.

Pero ha habido más. Buena parte de las iniciativas del Botánico han acabado en vía muerta porque sencillamente atentaban contra el orden legal, como el decreto contra el copago farmacéutico o a la dependencia. Como los innumerables autos donde se les sanciona por obstrucción a la oposición, al negarles el acceso a la información. Son tantos que ya no son ni noticia. Y tribunales aparte, las correcciones vienen incluso de los órganos auditores de la propia administración; el Síndic de Greuges, el Síndic de Comptes, el Defensor del Pueblo o el Consell de Transparencia. Por no hablar de la mismísima Intervención de la GVA, que no hace tantos días publicó su demoledor informe sobre los graves incumplimientos y malas prácticas vinculadas al fraccionamiento de contratos. Lo que nos lleva a cuestionar el papel desempeñado estos años por la Abogacía de la Generalitat, más empeñada en hostigar a sus antecesores que en hacer cumplir la ley a los responsables actuales. Y estos son los que decían que venían a dar ejemplo.