Cada minuto que pasa, la cosa pinta peor para la Comunitat. El confinamiento domiciliario en Lleida es un aviso a navegantes de lo que puede ocurrir aquí si se hacen las cosas mal, que algunas se están haciendo, mientras que el uso obligatorio en la calles de las mascarillas en prácticamente todas las regiones de nuestro entorno apunta un verano más que preocupante, donde las terrazas de los bares seguirán vacías y numerosos hoteles cerrados.
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No es por ser alarmista, pero hemos pasado de salir una vez a la semana de casa para compra comida a discutir con el dependiente de la tienda porque se nos ha olvidado la mascarilla en casa. Soy de los que piensan que el problema de fondo es morirse de hambre antes que por el coronavirus, pero hay comportamientos que rayan la desobediencia civil, por no hablar de imbecilidad.
Los temidos rebrotes no son una amenaza sino una realidad y, además, se producen casos en personas que ya enfermaron hace meses del Covid-19, lo que es tremendo porque se esfuma la confianza en los anticuerpos. El Ayuntamiento ha decidido mantener operativo el Centro de Coordinación de Emergencias y el refuerzo de la desinfección de las calles, pero está claro que no es suficiente.
El pacto de reconstrucción de la ciudad, aprobado por todos los partidos salvo Vox, es un buen punto de partida para recuperar la economía, pero estamos retrocediendo a la fase anterior, es decir, la emergencia sanitaria. Ahí hace falta también un acuerdo en el Consistorio acerca de las pruebas serológicas masivas, el reparto de mascarillas a los vecinos y otras medidas higiénicas para inculcar a la población. La concejala popular María José Ferrer ha hecho bandera de esto, pero de momento no ha conseguido el apoyo del gobierno municipal. Es previsible que la «segunda ola» que está por venir cambie las directrices también de estas cuestiones. En mi opinión, hasta que se comercialice la vacuna estas pruebas deberían ser gratuitas y obligatorias. Toda ayuda es poca para atajar la enfermedad y conocerla mejor. Si hemos pagado las mascarillas chinas a 80 céntimos cuando se desató la locura de los aviones y las pujas a pie de pista, esto es igual de serio.
Los comerciantes pidieron el viernes a la vicealcaldesa Sandra Gómez un plan de choque para soportar el perjuicio de las obras de la plaza de la Reina y el entorno del Mercado Central. Los empresarios encabezados por Rafael Torres lo demandan con tiempo, meses antes de que empiecen los cortes de tráfico y se extienda la leyenda urbana de que el centro histórico es inaccesible, lo que ya es palpable en muchos clientes. Esa situación, unida a un rebrote del virus y su efecto en el turismo, sería letal para muchos establecimientos que ya no podrán levantar las persianas.
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Pienso en Lleida, en el dueño del bar o del hotel que sacó del ERTE a los trabajadores y que ahora leen el decreto del confinamiento domiciliario. Pienso en lo que supondría para Valencia, una ciudad que vive de los servicios y el turismo, quizás excesivamente.
Desde que acabó la desescalada vemos a los camareros de los lugares más turísticos de Valencia mano sobre mano, esperando a clientes que seguramente no llegarán en todo el verano. De momento no hay respuestas al problema, sólo miedo y preocupación por los que han puesto su dinero en negocios tocados de muerte. Ante los previsibles rebrotes y colapsos en los hospitales, la única receta es la unidad política y de gestión. En el primer intento no se consiguió, veremos qué pasa en el segundo.
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