Más plurales, más preocupados

Más libres, más plurales, más iguales» es el lema de la campaña de la concertada contra la nueva reforma, la Lomloe. El sector augura un «otoño caliente», vaya tópico, pero lo que busca esta campaña es hacerse hueco a codazos en una actualidad informativa atenta a la pandemia. Parar, llamar la atención, que el cambio de ley no se apruebe de tapadillo mientras la escuela mira hacia las mascarillas, la enseñanza online y los confinamientos. La concertada, entiende, se juega su futuro, porque la nueva norma prioriza la pública en el crecimiento del sistema, y acorrala al sector en la subsidiariedad; prioriza la planificación de la administración por encima de la elección de las familias, lo que elimina el criterio de demanda social. La Lomloe, algo tan propio de nuestra educación en democracia, vuelve a oscilar el péndulo hacia uno de los lados.

Tiene una vergüenza la Lomloe, que es que los datos no avalan lo que achaca a la Lomce del PP para justificar su cambio. El abandono educativo, gran caballo de batalla, lleva 13 años de descenso y la repetición de curso baja también desde hace 12 años. Es la senda que buscamos y es la que las estadísticas dicen que seguimos. Lo resume bien Ismael Sanz, profesor de Economía, en el ABC: «Si la educación está mejorando no es necesario aprobar una nueva ley que genera división en un momento en que el país necesita estar más unido».

No es tampoco una ley revolucionaria, pues más bien supone un retorno a la última reforma socialista de 2006 para convertir el paso popular por el Ministerio de Educación en una sombra. Es esta yenka educativa que los gobiernos socialistas han hecho con las leyes de un pasito para atrás, para anular la Loce y la Lomce -ambas del PP-, y dos para adelante.

Además, su tramitación ya avanza las trampas políticas que llegarán tras su supuesta aprobación, que es ese juego partidista de mostrarse siempre insatisfecho. Para comprobarlo, basta la comparación entre las enmiendas conjuntas entre PSOE y Unidas Podemos y las exclusivas de este segundo partido.

Las primeras, se entiende, saldrán adelante; las segundas, permitirán en el futuro a Unidas Podemos argumentar que no es la ley que querían sino la que pudieron, y así arremeter de nuevo contra la concertada. Cito algunas de estas enmiendas de Unidas Podemos: prohibir los conciertos de Infantil y Bachillerato, sustituir que «los padres escogen centro» por apenas tener en cuenta «sus preferencias», que los conciertos sean «temporales» o declarar subsidiaria a la enseñanza concertada.

Son dos los torpedos bajo la línea de flotación que manda la ley a este sector: el primero, la promesa de incrementar las plazas públicas de Infantil, que es la última puntilla que necesitan las escuelas privadas para cerrar definitivamente.

La segunda es la eliminación del concepto de demanda social. Ésta es la mejor línea de defensa de las unidades que tienen que renovar su concierto y es el porqué de las victorias históricas en los tribunales: habiendo familias que lo piden, la retirada de un concierto por parte de la Administración requiere una justificación bien motivada.

Si desaparece la demanda social, y queda solo la conveniencia a la planificación, basta que la administración argumente que ya tiene otras plazas públicas en la zona para eliminar esas concertadas. Basta crear más colegios públicos para eliminar los colegios concertados. A las ideologías esto le sale barato, aunque nos cuesten muy caras.