El nombramiento de profesor emérito es un honor alcanzado solo por una pequeña minoría de profesores de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV)», escribió hace poco su nuevo rector. Y es que, en efecto, dicho nombramiento sólo puede concederse a quienes, como profesores, hayan prestado ... servicios sobresalientes en la UPV (muy en particular, en la docencia e investigación) durante un mínimo de veinticinco años, con el objetivo básico de que la comunidad universitaria siga beneficiándose de su experiencia y sus conocimientos.
En septiembre de este año, uno de los catedráticos eméritos de mayor prestigio de la UPV, D. Enrique Cabrera, publicó en un periódico valenciano un artículo sobre la docencia universitaria. Dentro de su análisis enumeraba poderosas causas ajenas a la UPV determinantes, en gran parte, de la devaluación de la docencia en ella, pero enfatizaba que «si, además, la degradación de la docencia se potencia desde dentro, apaga y vámonos». Una afirmación con la que estoy de ¡acuerdo, y en la que voy a incidir. Este artículo, como su título indica, se ciñe a la docencia del profesorado emérito. Después de 40 años como catedrático con dedicación exclusiva en la UPV (incluyendo tres como emérito), cinco años más en otras universidades y en Institutos Superiores de Investigación de Alemania y España, y otros cinco como ingeniero en la empresa privada, creo estar en condiciones razonables para poder opinar sobre el tema.
La normativa vigente relativa al profesorado emérito de la UPV fue redactada por su servicio jurídico en el año 2020. En base a su artículo 2, los profesores eméritos tienen firmado un contrato con la UPV, que lleva inherente la retribución que perciben como eméritos, y que les compromete a impartir tres (en casos excepcionales, seis) horas de docencia semanales en materias de su especialidad. El objetivo es potenciar el espíritu de análisis crítico y la formación científica en los estudiantes.
En la práctica, cualquier profesor puede exigir impartir toda la docencia de un emérito, con el consiguiente perjuicio para los alumnos
Hasta aquí, la teoría. ¿Y la realidad? Pues en la realidad las cosas distan de suceder siempre así. En efecto, en contra de dicho contrato, de toda una batería de argumentos no rebatidos y, en fin, en contra de lo que, sencillamente, dicta el sentido común, un informe del precitado servicio jurídico, de marzo de 2022, sostiene que la correcta interpretación de la actual normativa de eméritos y de la legislación estatal pertinente legitima el que prácticamente cualquier profesor o grupo de profesores (por ej., un joven contratado doctor con su tesis recién terminada o con el concurso de acceso recién aprobado) exija impartir toda la docencia del profesor emérito, sin perjuicio de que éste siga cobrando sus emolumentos. No digo que todos o muchos de esos profesores hayan sido privados de su docencia, pero sí afirmo que, cuando sucede (y ha sucedido, pues soy testigo de ello), eso se considera, pese a los poderosos argumentos en contra, una situación legal, y que, por tanto, y con el beneplácito de instancias académicas superiores, procede mantenerla así.
Es importante enfatizar que el hecho de que sean tres o treinta los profesores eméritos afectados, o incluso aunque no hubiera sido ninguno, no es aquí lo relevante. Lo realmente alarmante es el pensamiento y la filosofía que hay detrás, es decir, que en una universidad pública (en una privada sería inconcebible) personas con cargos de altísima responsabilidad consideren legal y adecuado el que prácticamente cualquier joven profesor pueda privar a un profesor emérito de su departamento de toda la docencia en la materia en la que es un reconocido especialista, incluso a nivel internacional, con el consiguiente perjuicio para los alumnos.
¿Cuál es, entonces, el valor real de la docencia, más allá de altisonantes discursos oficiales? ¿Para qué sirve y cuál es su verdadera importancia, cuando se acepta que los profesores eméritos de la UPV (nombrados precisamente por haber demostrado durante muchos años su excelencia docente e investigadora, evaluada según los parámetros de la propia UPV) pueden ser marginados docentemente y prescindir de todo el capital intelectual y científico que pueden transmitir a los alumnos? ¿Qué universidad de prestigio en el mundo permite una situación así? A ello hay que añadir el despilfarro de dinero público que implica tener que cubrir con otros fondos el coste de las clases no impartidas por el profesor emérito.
No es tan infrecuente que los máximos representantes de instituciones públicas tiendan a patrimonializarlas, pretendiendo así que cualquier crítica a su persona se convierta en un ataque a la institución. A este respecto es importante observar que en ningún momento este artículo señala a la UPV como institución (pues, a mi juicio, muchos de sus órganos y servicios funcionan adecuadamente), sino que describe unos hechos concretos e innegables. Más aún: estoy convencido de que, en el caso de que algunos profesores eméritos no estuvieren impartiendo las tres horas lectivas semanales a las que les obliga su contrato, no será por voluntad de ellos.
La desvalorización de la docencia del profesorado emérito en la UPV que se deriva de los hechos expuestos y de la filosofía que hay detrás de ellos es, en mi opinión, inaceptable. Por el beneficio de nuestros alumnos y el prestigio de la UPV convendría corregirla cuanto antes, pues constituye un claro y lamentable ejemplo de lo que el catedrático D. Enrique Cabrera calificaba de «potenciar la degradación de la docencia desde dentro».
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