Políticos de picaresca

Pedaleando su bicicleta apareció Mark Rutte para presentar su dimisión y la de todo su gabinete ante el rey Guillermo Alejandro de Holanda. «El Gobierno no ha cumplido con sus propios altos estándares», se lamentaba. A dos meses de las elecciones, el ejecutivo neerlandés cae arrastrado por un escándalo que ha destapado una abogada española. A raíz de la investigación de Eva González se ha logrado demostrar que 26.000 familias, sobre todo de origen turco y marroquí, fueron acusadas erróneamente de fraude en la percepción de ayudas sociales por cuidado de sus hijos entre los años 2013 y 2019. Muchas de las víctimas se endeudaron tanto para devolver el dinero reclamado por el fisco, cantidades que llegaban incluso a los 100.000 euros, que quedaron en la ruina perdiendo su casa además de su trabajo. El propio Rutte ha hecho autocrítica: «Todo ha sido horrible. Se ha tachado de delincuentes a personas inocentes, sus vidas han sido destruidas y el Congreso fue informado de forma incompleta y errónea. El método para otorgar el subsidio debe reorganizarse por completo». Pese a que la salida del ejecutivo neerlandés sea una operación cosmética, dado que en la práctica el único que se marcha es el responsable de Economía y el resto continuará en funciones, la situación debilita la imagen de un país que presume de civismo y valores además de maravillosos tulipanes. Pero el primer ministro holandés, lejos de esconderse tras los eufemismos, ha ido al grano: «Se han violado los principios fundamentales del Estado de Derecho». En España, donde hemos perdido la cuenta de los casos en los que se han traspasado esos límites, resulta inverosímil localizar una declaración en este sentido por parte de cualquier dirigente político del signo que sea pese a la lluvia de corrupción que ha sacudido las arcas públicas. Ahora la última pillería la están protagonizando varios primeros ediles de la Comunitat que han admitido haberse inoculado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus sin estar en los grupos de población prioritarios. El último bajo sospecha es el alcalde de La Nucía al que el PP ha abierto expediente. Anteriormente Rafelbunyol, El Verger y Els Poblets han sido noticia porque sus alcaldes se han vacunado cuando no les correspondía porque, según ellos, había inyectables de sobra. El PSPV los ha suspendido de militancia. La actitud de los alcaldes que se han puesto la vacuna que no les corresponde parece más propia de los amigos de lo ajeno que la que se espera de un cargo público cuyo deber es proteger a los ciudadanos que representa. Ellos como mucho todo lo lejos que han llegado es a conjugar una disculpa. Su actitud retrotrae al tufo de avaricia, egoísmo y picaresca de aquella España del siglo XVI que un autor anónimo retrató en 'La vida de Lazarillo de Tormes'. Hay personajes en la política que parecen sacados de aquella novela que relataba las vergüenzas de la sociedad de una época en la que lo de dimitir no se llevaba.