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Polvorín 18

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EL ESTADO DE LOS TRIBUNALES ·

El juzgado de Instrucción que investiga el pitufeo del PP y el fraude en la EMT vive anclado en una parálisis en la que el juez y la letrada se han visto señalados

A. Rallo

Valencia

Viernes, 25 de junio 2021, 08:27

El juzgado. Funciona, salvando las distancias, de forma parecida a un equipo de fútbol. Si consigues mantener a los titulares motivados, disponer de un líder en el campo y de un entrenador con cierto criterio, pues el club ya tiene buena parte de la faena ... hecha independientemente de los resultados o los títulos. En todos los grupos humanos de cualquier empresa u organización se funciona con códigos muy similares. La situación del juzgado de Instrucción 18 resulta difícilmente explicable de acuerdo a estos criterios. Y la situación ha salido a la luz pública por suerte o por desgracia -imagino que por lo primero para los investigados- de que el caso del pitufeo del PP, con más de medio centenar de investigados, haya caído en este juzgado. La parálisis procesal es inédita y no admite comparación con otros asuntos. De causas de corrupción que tardan años en instruirse existen numerosos ejemplos. La singularidad de esta es que hace años que el asunto está instruido, pero falta el auto que ponga fin a la instrucción o suponga el archivo. Y así han pasado los últimos ejercicios. Pero es que, además, la instrucción ha estado salpicada de sucesos sin parangón. Escritos extraviados, sin unir a la causa, peticiones que tardan años en contestarse... El Poder Judicial ya ha abierto un expediente al juez para investigar todas estas incidencias. Es cierto que el titular ha encadenado una serie de bajas médicas, pero eso no explica el retraso acumulado en el expediente. El asunto está en manos del promotor de la acción disciplinaria, el encargado de analizar estas irregularidades. La queja partió finalmente de la Fiscalía. A la vista de los acontecimientos, demasiada paciencia tuvo el ministerio público. Se debió actuar antes. Y más si tenemos en cuenta los antecedentes. El Poder Judicial ya multó a este profesional con 1.000 euros -poco parece, la verdad, de acuerdo a la nómina- por retrasos injustificados en otra causa. Este asunto, al parecer, se trataba de dos guardias civiles investigados por cohecho que se han librado de la investigación al haber prescrito los hechos. Pero también cabe reflexionar acerca de la inspección que el Consejo realizó hace un par de años para concluir que todo estaba bien en el juzgado, que los retrasos se debían a la complejidad de la causa de Imelsa. En fin, como para fiarse ahora de esas visitas de los inspectores.

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