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En estos días en los que se fijan deseos y objetivos para los próximos meses, meses electorales, se olvida lo obvio, eso que en los últimos tiempos es casi prácticamente 'rara avis'. Las normas de educación, basadas en el respeto, escasean porque predomina el grito ... o, peor aún, el insulto. El agravio se ha normalizado de tal manera que ni siquiera sonroja o avergüenza a quien lo profiere. La docente valenciana Rosa María Estevan ha pedido que el Congreso de los Diputados tome medidas, vía reglamento, contra la violencia verbal ejercida por parte de muchos parlamentarios. Estevan exige que se expulse a los diputados recurrentes en estas malas prácticas y se pregunta, desde el sentido común más apabullante: «¿Qué clase de ejemplo y escuela es ésta para la ciudadanía?». Hay ya más de de 81.000 personas que opinan como ella y han respaldado su iniciativa en la plataforma change.org. Seguramente si, como propone esta profesora, estuviera en juego la destitución del escaño se tomarían más en serio el cumplimiento del civismo. Con tantos comicios asomando, en este 2023 se espera que la temperatura del Parlamento siga subiendo sin tocar techo. El hemiciclo es cada vez menos hemiciclo y más circo romano. Mientras, los 'spin doctors' andan ocupados diseñando lemas para captar y juntar votos en la cuenta atrás para que se abran las urnas. Algunos, como Ciudadanos que busca su enésima refundación, podrían quedarse en el camimo.
Sin embargo, en cuanto a los propósitos, más allá de las cortinas de humo lanzadas a discreción, pocos o ningún compromiso para acabar con la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Este 2023 se inicia arrastrando el trágico cómputo que deja el anterior: según los últimos datos oficiales, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, cerca de la mitad de ellas había denunciado. El hecho de que seis de los crímenes se produjeran en la última semana de 2022 llevó al Ministerio de Igualdad a convocar el primer comité de crisis a tal efecto en el que, únicamente, se constató la necesidad de analizar el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén). Algo que es evidente. Igual de evidente debería ser la urgencia con la que quienes componen ese grupo, entre ellos Interior, Justicia y comunidades autónomas, trabajasen ya para resolver disfunciones y errores en el protocolo de protección a las víctimas. Uno de los más graves es la calificación del riesgo. Obviamente, se trata de un problema estructural con múltiples tentáculos en la sociedad. Frenar la violencia machista, más que un propósito, es una obligación de todos.
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